Giro autoritario, Acuerdo Nacional y Asamblea Popular Constituyente. Minuta de Coyuntura #1 (Julio 2020)

Crisis mundial y giro autoritario

La clase trabajadora del mundo entero enfrenta escenarios complejos. A nivel internacional, las democracias liberales parecen sufrir un agotamiento en cuanto modelo de gobierno ante la imposibilidad de manejar las constantes crisis del capitalismo. Desde el año 2008 se arrastra una larga depresión económica aparejada a una inestabilidad social y política que empuja a los Estados democráticos a volver cada vez más comunes formas de gobernanza de carácter represivo con alta presencia de arbitrariedad jurídica y política y acompañado de una serie de medidas que precarizan la vida de la clase trabajadora para sostenerse. El control es cada vez más difícil y necesitan de nuevas herramientas para seguir al volante.

Chile no es la excepción. Desde la instalación del Comando Jungla y el asesinato de Camilo Catrillanca, el gobierno de Piñera aceleró su política autoritaria. La revuelta y luego la pandemia han sido los laboratorios de esta trayectoria, que combina el traspaso del costo de la crisis a la clase trabajadora, con un perfeccionamiento de los métodos y justificaciones de la represión. A eso se suman las operaciones mediáticas y políticas, como la alusión a un control adicional a las iniciativas parlamentarias o los acuerdos entre gobierno y oposición para criminalizar y frenar la protesta y mantener las características históricas de la política nacional.

Durante estos últimos 8 meses, hemos visto que el gobierno ha presentado una agenda legislativa que busca preparar las acciones represivas ante la potencial respuesta que levante la clase trabajadora frente a la crisis. Esta agenda se compone por proyectos anti protesta, como las leyes antibarricadas y anticapuchas, la tramitación de una ley de protección militar de la infraestructura crítica y el endurecimiento de las penas para la infracción de las medidas preventivas de cuarentena. En esta misma línea, la pandemia y la disminución de las manifestaciones callejeras han conformado el escenario que ha posibilitado el impulso gubernamental para una reorganización y modernización de las fuerzas de represión e inteligencia (manifestado a través de los proyectos de fortalecimiento de la ANI). En el último tiempo, este gobierno ha mostrado con mayor énfasis el verdadero significado que siempre tuvo para la clase dominante el “nunca más”: nunca más un pueblo alzado, nunca más una elite con miedo a ser derrocada.

Acuerdo Nacional: continuidad y blindaje del régimen

El llamado a un Gran Acuerdo Nacional se inscribe en esta línea. Ante la crisis social, económica y política que se expresa con mayor fuerza en la revuelta popular y que se agudiza en la pandemia, Piñera respondió llamando a esta instancia desde el 25 de mayo, logrando reunir al oficialismo -que se encuentra atravesado por una disputa entre una derecha de corte más populista o “social” y otra fuertemente conservadora- y buena parte de la oposición en un pacto para definir el marco fiscal por los próximos 24 meses y la consolidación fiscal a posteriori; la protección de los ingresos de las familias; y el plan de reactivación económica y del empleo.

Esta respuesta se da en el contexto de un fracaso cada vez más mediático en la gestión de la crisis, referente a los modelos utilizados para el manejo de la epidemia y la transparencia en la información sobre el avance del virus, como también en relación a las medidas económicas y sociales tomadas que mostraron ser altamente insuficientes. Las fuertes protestas por el hambre durante el mes de mayo, la gran conflictividad existente en las periferias de Santiago y en las regiones más golpeadas por la pandemia, la autogestión de la crisis a nivel comunitario a través de mesas solidarias y ollas comunes y la permanente visibilización de las alcaldías hacían necesaria una nueva política fiscal. La renuncia de Jaime Mañalich y el ingreso de Enrique Paris que precedieron a la firma del Acuerdo invitaban a pensar en un cambio de actitud e incluso de camino. Sin embargo, el Acuerdo mismo evidencia la consolidación del proyecto que ya venía siendo desarrollado por el gobierno, reabriendo aspectos previos de su programa. Esta maniobra además logra la suma de fuerza de una parte importante del congreso.

Si bien el “Marco de Entendimiento para Plan de Emergencia por la Protección de los ingresos de las familias y la Reactivación económica y del Empleo” implica la creación de un “fondo COVID” que permitirá la utilización de hasta 12 mil millones de dólares durante los próximos dos años, una renovación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE 2.0) así como un plan de reactivación económica que aborda temas como inversión pública y el salvataje de empresas estratégicas, el acuerdo en sí mismo no implica un giro significativo en la política del gobierno o los sectores conservadores de la oposición, pero sí actúa como un blindaje a esa vía a la vez que cierra la posibilidad de una salida no conservadora a la crisis. La gestación del mismo está atada a un escenario electoral, en el cual las voces de las organizaciones sociales y populares no son oídas, y obedece al establecimiento de un régimen de gobernabilidad (sobre todo en sus aspectos fiscales) para el periodo electoral por venir. Así, los partidos que han suscrito el acuerdo se posicionan dentro de ese marco que, en nombre de la responsabilidad fiscal y la atención inmediata de las urgencias del país, implica la continuidad del régimen político-social y un reordenamiento de las fuerzas que lo defienden. Al igual que la respuesta del gobierno y el Estado ante octubre, este Acuerdo muestra la continuidad del régimen, pero con la integración de sectores del Frente Amplio a la defensa del mismo, lo que a nuestra forma de ver, constituye un esfuerzo por distribuir las responsabilidades en esta crisis. En pocas palabras, parece ser un cambalache conveniente entre un gobierno que no quiere cargar todo el costo de la crisis (gestada por décadas duopólicas de destrucción de lo público y precarización de la vida, particularmente de las mujeres) y una oposición pragmática que encuentra una oportunidad para comenzar a proyectar un futuro gobierno.

La respuesta popular y el momento constituyente

Mientras la clase dominante recurre a estas estrategias para mantener el régimen, como clase trabajadora generamos nuestro propio manejo para poder resistir ante la agenda que busca precarizar nuestras vidas y para poder llegar en las mejores condiciones posibles al momento posterior a la crisis sanitaria y sus medidas de confinamiento.

Apoyo mutuo, redes de solidaridad y abastecimiento en los territorios, ollas comunes para enfrentar el hambre, estrategias de sanitización de espacios públicos, iniciativas de salud y cuidados colectivas, el mantenimiento vivo de las organizaciones populares creadas al alero del estallido social, movilizaciones activas ante la ausencia de condiciones laborales dignas, entre muchas otras, son algunas de las actividades que se han levantado para asegurar la subsistencia ante la existencia de un Estado y un gobierno que insiste en tomar medidas que favorecen al empresariado y a los grupos con mayor poder en este país.

Por lo mismo, hoy más que nunca, es una necesidad esencial avanzar en la conformación de un movimiento político social de oposición, consolidando y articulando las fuerzas sociales y políticas de la clase trabajadora que reúnan, unifiquen y entreguen orientaciones claras que nos permitan enfrentar la situación abierta por la pandemia. Para ello, creemos que la tarea central para esta coyuntura es conformar un Frente Político-Social, integrado e impulsado por amplios sectores organizados y que sea capaz de levantar el rango completo de actividades populares de resistencia, desde la olla común hasta la huelga general. Creemos que ésta debe ser la herramienta que nos permita crear las condiciones para (1) asegurar la subsistencia de nuestra clase, (2) generar acciones de resistencia ante las medidas de ajuste que lleva a cabo este gobierno para mantener el régimen y (3) visibilizar la confrontación de proyectos de sociedad entre la clase dominante y la clase trabajadora, a través de un programa de transformación propio que contenga un fuerte énfasis en el aseguramiento de la reproducción de nuestras vidas y las medidas de expropiación que sean necesarias para la misma.

Previo a la pandemia, el 18 de octubre inauguró un proceso destituyente y constituyente desde abajo, que establece un escenario particular a esta crisis y que le da otro significado al debate sobre la admisibilidad que abrió Piñera con su amenaza hiperpresidencialista. Fue el pueblo en las calles el que declaró la inadmisibilidad de este régimen político y social y de este modo de vida precarizada. La revuelta popular corrió la línea de lo posible y hoy nos permite imaginar un país distinto, que mejore nuestras condiciones de vida, pero que también permita mayores niveles de confluencia y desarrollo político de nuestro pueblo.

Este proceso constituyente nos permite proyectar los esfuerzos que hoy estamos levantando y otorgarles un objetivo a mediano-largo plazo: transformar aquellos aspectos estructurales de esta sociedad que posibilitan que hoy, en la pandemia, estemos en tales condiciones de inseguridad y precariedad. Entrega la potencialidad de articularnos, recogiendo la experiencia que pudiera ser el Frente Político-Social, y construir esa oposición por fuera del plan de emergencia contenido en el reciente Acuerdo Nacional y del “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”. Para ello, apostamos a desbordar los márgenes establecidos por el proceso institucional, en un proceso de oposición activa y realista, que se construya en distintos tiempos y niveles.

En un primer momento, consideramos que la realización del Plebiscito es fundamental para abrir un proceso de disputa política constituyente y que no debemos dejar ningún espacio al deseo restaurador de la derecha que se opone a su realización. Con ello, aportar a un triunfo abrumador del Apruebo es una responsabilidad histórica de los sectores organizados, que luego del rápido cierre de la potente coyuntura del 8 y 9 de marzo, han perdido temporalmente la oportunidad para construir un nuevo escenario de disputa en la calle, y tendrán que mantener la coyuntura constituyente abierta a través del Plebiscito. En este contexto, si el escenario se mantiene, la Convención Constitucional aparece como la mejor oportunidad para el avance de un programa opositor a la precarización de la vida.

En segundo lugar, y precisamente para no quedar atrapados en los términos restringidos del 15 de noviembre, apostamos a la construcción de una Asamblea Popular Constituyente (APC) que permita que los diversos sectores que participamos en la revuelta de octubre nos encontremos en una misma iniciativa para profundizar y consolidar nuestro programa desde una perspectiva anticapitalista y feminista, que abarque los contenidos constitucionales, pero también todo aquello que aspiramos a transformar. Consolidar esta iniciativa de Asamblea Popular Constituyente será un avance hacia la acumulación y concentración de nuestras fuerzas, y nos permitirá crear mandatos constituyentes que presionen desde la fuerza constituyente de los pueblos ese proceso institucional. No entendemos esta APC como un proceso paralelo al itinerario constitucional, sino más bien como una iniciativa de articulación de fuerza y de programa para impactar sobre ese itinerario con una alternativa política transversal que responda a todos los problemas, y no solo desde una impotencia que se disfraza de autonomía.

Finalmente, bajo la hipótesis de que se mantenga el itinerario, se presenta el desafío de la fuerza y el programa que se expresarán en la Convención Constitucional. En este punto son igual de relevantes la acumulación y concentración de fuerza social en torno a las tareas de subsistencia y resistencia en el marco de la pandemia y crisis económica, y el desarrollo de un programa político que exprese las aspiraciones de octubre, desde la salida de Piñera hasta un sistema de cuidados plurinacional y con base comunitaria, desde un nuevo sistema de pensiones solidario hasta una transformación transversal de los modos de participación política popular a nivel local, regional y nacional. No podemos esperar nada de las fuerzas que firmaron el Acuerdo, y por lo mismo tampoco podemos fomentar que una apuesta transformadora quede al margen de este proceso. Entre octubre del 2019 y diciembre del 2021 habrán tenido lugar las batallas que definirán los contornos de las próximas décadas. Nuestra responsabilidad es asegurarnos de que sean décadas de contraofensiva anticapitalista y feminista, y no de restauración conservadora y neofascista.