Henri Matisse - 1953 - L'escargot 1.- El itinerario constitucional y el marco en el que se desenvuelve
La contundente victoria del Apruebo en el plebiscito de octubre del 2020 por casi un 80% y una altísima participación en sectores populares, revirtió una tendencia a la baja que venía ocurriendo desde el plebiscito del 89’, dando cuenta una vez más que cuando la clase trabajadora considera que una decisión es relevante para sus intereses, ésta tiende a involucrarse activamente.
Si bien aquellos resultados estuvieron acompañados por celebraciones en las calles, y se consideró una victoria frente a la derecha más rancia, este proceso está teniendo hoy su contrapartida en la igualmente alta fragmentación de la oposición al bloque de gobierno, expresada en las múltiples listas de candidaturas convencionales. Aquello se ha ido dando en los marcos del itinerario constitucional pactado en el Acuerdo del 15 de noviembre de 2019, donde se establecieron nuevas reglas del juego para la acción política, lo que implica plazos, modalidades de participación, límites a aquello que se puede discutir, entre otras.
Todo esto ocurre como parte de un proceso constituyente de más largo aliento en el que la clase trabajadora ha impugnado a los sectores políticos dirigentes que han conducido al país en las últimas décadas, encarnado en la consigna “no son 30 pesos, son 30 años”. Situado, no obstante, en un momento incipiente de discusión de sus propios objetivos políticos, considerando la diversidad interna que posee. A esto nos referíamos en su momento, con que el proceso constituyente comenzó en cada asamblea, cabildo o trawün, al calor de la movilización social.
Este proceso se inscribe en una situación mundial marcada por un renovado ataque del capital al trabajo iniciado a partir de la crisis económica del 2008, que ha tomado la forma de desmantelamiento de la seguridad social, la desregulación ambiental, la flexibilización laboral, entre otras. A esto se le ha denominado precarización de la vida y si bien afecta al conjunto de la clase, afecta más a las mujeres y a quienes se encuentran en una posición de desventaja. Solo por nombrar un ejemplo, en Chile, para octubre del 2018, la deuda de los hogares llegó al histórico 73,3%[1].
Producto del empeoramiento de sus condiciones de vida, la clase trabajadora ha estado viviendo un proceso de politización, que se expresa en una mayor disposición a participar políticamente en su sentido amplio y a luchar por causas de distinta índole, lo que se ve reflejado en mayores niveles de movilización y conflictividad en todo el mundo. Esto, como una manera de mejorar su situación y de responder a la amenaza que presenta esta crisis a sus condiciones de reproducción.
En este sentido, entendemos que hay un espacio político nuevo, porque sectores más amplios de la clase trabajadora se disponen a la acción política, siendo para una gran parte su primera experiencia de participación política. La ocupación de este espacio de politización se expresa, a su vez, en el crecimiento de proyectos políticos progresistas o de izquierda como también de derecha. En el primer caso, situamos el surgimiento del Frente Amplio en Chile; mientras que en el segundo observamos el surgimiento de movimientos de extrema derecha o fascistas en todo el mundo, donde Chile tampoco es la excepción. Como consecuencia de la emergencia de este proceso en dos sentidos, se ha tendido a desdibujar o poner en crisis los centros políticos, representados en Chile por el pacto de transición a la democracia (Concertación-UDI-RN). Es así, que el fracaso de alguna de esas dos tendencias es una oportunidad para la otra, puesto que ambas apelan como base social a sectores de la clase trabajadora que se han visto precarizados. Por lo tanto, para la clase trabajadora, si una alternativa no funciona, la otra se vuelve más atractiva. A este proceso mundial lo hemos llamado politización polarizada.
Por su parte, cada una de estas tendencias dentro del proceso de politización polarizada expresan perspectivas propias sobre una eventual superación de esta precarización de la vida. Por una parte, existe una tendencia a la competencia dentro de la clase trabajadora que busca que algunos sectores puedan tener mejores condiciones de vida a través de reforzar los privilegios de ciertos sectores de la clase por sobre otros, haciendo pagar los costos de la crisis a los sectores históricamente más desventajados (mujeres, migrantes, personas racializadas). Por otro lado, existe una tendencia a la solidaridad de la clase trabajadora que potencialmente podría favorecer su articulación para transformar las condiciones de producción y reproducción de la vida, aún considerando sus diferencias internas. Esta segunda tendencia se ha expresado de manera mucho más clara en el movimiento feminista. De ahí que parte importante de la perspectiva estratégica de Solidaridad sea fortalecer instancias más representativas de la clase trabajadora, su unidad y la lucha contra la fragmentación.
2.- El Acuerdo por la Paz y la pérdida de protagonismo de las fuerzas movilizadas
La firma del Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, que definió el itinerario constitucional, fue el momento en que los partidos de gobierno y la mayoría de las fuerzas políticas parlamentarias definieron dar un cauce institucional a aquello que en las calles ya se había instalado: cambiar la Constitución de 1980. Contenido aparentemente de alcance general, pero carente aún de una concreción en términos de proyecto de transformación. Pero decir esto sería insuficiente. En cuanto a la conflictividad que se dio en los meses de octubre y noviembre de 2019, el Acuerdo fue también una apuesta por desmovilizar a los amplios y diversos sectores de la clase trabajadora que, si bien fraccionados, se encontraban en proceso de autoorganización y en directo antagonismo con el gobierno y el conjunto de los partidos políticos del pacto de transición a la democracia.
La coyuntura que dio origen a este Acuerdo estuvo marcada por una tendencia al alza de la conflictividad política y social, que consideraba las siguientes características:
- Una tendencia a la acción política por parte de grupos sociales autoorganizados cada vez más fuera de la lógica de representación política a través de los partidos, como por ejemplo, el posicionamiento de grupos empresariales en tanto tales.[2] Mientras, en la clase trabajadora se aceleraron procesos de organización y de unidad entre los que destacan la proliferación y articulación de asambleas barriales, la organización de apoyo a la lucha callejera (en salud, alimentación, autodefensa) y la confluencia de organizaciones en espacios tales como Unidad Social (previamente existente pero carente de fuerza y voluntad de movilización) o la Asamblea Coordinadora Popular (organizaciones del área de influencia de la CF8M, caracterizadas por principios anticapitalistas y feministas). Muchas de estas últimas instancias levantaron petitorios, que fueron acompañando la movilización, instalándose demandas relacionadas al salario mínimo, a canastas de servicios protegidos, a elevar las pensiones, a una nueva Constitución, al juicio y castigo a violadores de DDHH, etc.[3]
- El alza en la conflictividad y validación práctica y simbólica de la violencia política,[4] fomentada por los propios posicionamientos del Gobierno que actuó escalando el conflicto hasta la Huelga General del 12 de noviembre. El escenario principal de la disputa política, hasta ese momento, era “la calle”. En el marco de esa escalada, destaca la instalación de violaciones sistemáticas a los DDHH como parte de las herramientas estatales para sostener la gobernabilidad.[5]
- El “protagonismo” del Gobierno como representante político de la crisis social. Se vuelve el rostro de la crisis, al que se vuelca la impugnación de un amplio espectro político. Aquello se reflejó en que el gobierno de Sebastián Piñera se mostró incapaz, previo al 15N, de ampliar respaldos o compromisos de otras fuerzas o poderes del Estado.[6]
- La creciente validación de la acción directa como forma de resolver, al menos en su dimensión inmediata, problemáticas sociales de distinta índole.[7] Aquello está ligado a que los ataques del Capital llegaron a amenazar las propias condiciones de reproducción de la clase trabajadora.
El punto más álgido de esta escalada fue el Paro Nacional del 12 de noviembre, instancia inédita de posicionamiento político por la fuerza de la movilización de la clase trabajadora, levantada tanto desde sindicatos como desde otro tipo de organizaciones y con una importante diversidad táctica[8]. Este hito fue un punto de inflexión en la tendencia de la coyuntura, ya que 3 días más tarde, se encontraba la mayoría de las fuerzas políticas con representación parlamentaria firmando el Acuerdo por la Paz, logrando los anhelados compromisos que buscaba el gobierno.[9]
Pero ¿Por qué fuerzas políticas que estaban reacias a llegar a un entendimiento con los partidos de gobierno se prestaron para aquello? Y, ¿Por qué el propio Gobierno, que había estado escalando el conflicto, finalmente optó por formar un compromiso para bajar su intensidad? Recordemos que, desde el 18 de octubre hasta el día del Acuerdo, los partidos políticos, en tanto actores de la coyuntura, tenían una posición relativamente marginal en la misma. Su fuerza era más bien potencial por lo que podrían haber llegado a hacer, pero no por lo que estaban efectivamente haciendo durante esas jornadas de octubre y noviembre. El paro del 12 de noviembre, sobre el cual tenían escaso poder de control, significó una demostración de fuerza inédita en todo el período postdictatorial que, sin lugar a duda, provocó temor a estos partidos.[10] Incluso, en muchísimos lugares de trabajo, las propias dirigencias sindicales se vieron sobrepasadas por sus bases en la voluntad por impulsar aquella movilización. Se estaba desplegando una fuerza que aún no ha llegado a tomar forma.
3.- El nuevo momento político luego del 15N
El Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución logró anudar a través de un único hito, todos los elementos de la coyuntura, instalando inmediatamente un nuevo momento político, marcado principalmente por:
- Un desplazamiento del protagonismo del gobierno hacia los partidos del pacto de transición y parte del Frente Amplio, lo que denominamos en su momento como un pacto intra-elite. Si bien promovido por el poder ejecutivo, el Acuerdo fue firmado por representantes del parlamento. Es ahí donde se decidieron sus términos, donde se sancionó formalmente y donde continuaron las disputas por sus especificaciones (escaños reservados, paridad, etc.). Más aún, la Convención misma se diseñó como una prolongación de la misma lógica parlamentaria: organización por distritos y quórums calificados. Es también un cambio de escenario (el terreno donde se desenvuelve el conflicto) hacia uno mucho más favorable para el despliegue de los distintos partidos de la clase dominante y que tiene un impacto significativo en una clase trabajadora todavía no constituida políticamente, fragmentada en lo programático y renuente a la acción política propiamente tal, en la medida en que su actividad es todavía principalmente de carácter gremial, sectorial, movimientista, sin apuntar a lo universal.
- Una ampliación de la responsabilidad política sobre la coyuntura en la que se responsabiliza al conjunto de fuerzas políticas con representación parlamentaria. Se vuelven también rostros de la crisis en la coyuntura. Este elemento profundiza el rechazo de amplios sectores de la clase hacia las militancias políticas de cualquier índole, tomando fuerza progresivamente la difusa idea de las “figuras independientes”.
- La confusión dentro de las bases movilizadas y el aumento de la fragmentación de las organizaciones de la clase. Para una gran mayoría significó un logro mientras que, para otros sectores, se trató de una traición en términos políticos (porque se evaluaba que se podría haber logrado más) y en términos éticos por transar con un Gobierno que ha asesinado, mutilado, torturado y que mantiene miles de personas privadas de libertad por protestar. Esto se expresó en una disminución considerable de la masividad en las calles que continuó decreciendo en los meses siguientes[11] y una divergencia de posturas hacia el gobierno (por ejemplo, sostener diálogo frente a exigir su salida). Desde el 15 de noviembre de 2019 hasta la fecha ha habido una tendencia continua al quiebre de las organizaciones sociales (Unidad Social, CAT, etc) y políticas representadas en las múltiples franjas por el Apruebo hasta las aún más numerosas listas “opositoras” a la Convención Constitucional.
- La impunidad respecto a las violaciones a los Derechos Humanos, siendo la liberación de personas presas por la revuelta, así como la reparación y castigo a los atropellos pasa a ser una agenda que levantan principalmente sectores que estuvieron por “fuera del acuerdo”[12].
- La postergación indefinida de la agenda social en favor de la disputa por la Convención Constitucional, aún cuando las condiciones de vida no han hecho más volverse más críticas con la pandemia.
¿Cómo quedaron los principales actores de la coyuntura del 18 de octubre al 15 de noviembre (2019) luego de la firma del Acuerdo?
En primer lugar, el gobierno de Sebastián Piñera logró gestionar un repliegue significativo en términos políticos y consolidar las posiciones que había logrado,[13] principalmente en términos de herramientas represivas (mantener presencia policial y militar, toques de queda y posteriormente logrando ir más allá en leyes antimovilización[14] que han validado legalmente esos niveles de despliegue represivo),[15] pero perdiendo notoriamente la iniciativa política y la presencia pública.
En segundo lugar, el Frente Amplio (FA), como expresión de esta politización polarizada, no hizo más que resquebrajarse en tanto proyecto. Sus partidos se han ido retirando sucesivamente del conglomerado, siendo arrastradas sus partes integrantes hacia otros polos políticos (un sector que queda bajo la órbita de Chile Digno, liderado por el Partido Comunista, otros que se acercan con más fuerza a los partidos ex Concertación y otros que se resienten tanto que dejan de ser relevantes en la coyuntura). Quizás lo más llamativo es que gran parte de sus bases sociales de apoyo, habiendo sido parte de la revuelta de octubre, se alejaron de la militancia partidaria. Si bien no todos los partidos del FA participaron del acuerdo, se hipotecó el capital político de todo el conglomerado.[16]
Un punto notable ha sido el saldo positivo que sacó el Partido Comunista. Su postura de no ser parte del acuerdo le implicó salir “limpio” de ese momento, cuestión que le ha sido interpelada por los partidos del bloque en el poder. Fortaleció su posición y logró sacar provecho del fraccionamiento frenteamplista al arrastrar sectores a su proyecto.
Para el conjunto amplio y diverso de sectores de la clase trabajadora que se movilizaron en las jornadas de octubre y noviembre (y para aquellos que lo siguieron haciendo después también) implicó una pérdida notable de protagonismo en la nueva coyuntura. Su participación principal se ha dado gradualmente más reglada a los marcos del itinerario constituyente y así gradualmente más mediada por la representación política -partidaria o no-. No es casual que, en las asambleas barriales, gran parte del trabajo se volcó a la agitación del Apruebo y posteriormente a la discusión de candidaturas. Si bien, sectores importantes no siguieron esta dinámica, tampoco pudieron recuperar el protagonismo político perdido, quedando fuera del escenario principal de la nueva coyuntura. Por lo demás, el proceso de fragmentación ha sido mantenido, tanto en lo organizativo como en lo programático.
4. Una necesidad: independencia de clase a través de una voz anticapitalista
Después de este hito histórico, cabe preguntarse ¿Cómo fue posible que fuerzas políticas que no eran representantes de las bases movilizadas llegaran a un acuerdo que tuviera tal efecto desmovilizador en las mismas?
Quienes dentro de la oposición hipotecaron su capital político en el Acuerdo no eran la representación de los sectores movilizados. Pero tampoco existía tal representación. Ni Unidad Social, ni el Comité de Huelga, ni la Asamblea de Coordinación Popular, ni la CAT u otras incipientes articulaciones de asambleas alcanzaron tal nivel de articulación como para hablar en nombre del conjunto de las bases movilizadas. Así como tampoco existía un acuerdo sobre los puntos intransables y concretos que se hubiesen debido alcanzar en ese momento. Las calles de todo Chile estaban rayadas con toda clase de reivindicaciones, puesto que estallaron todos los conflictos de clase que se encontraban parcelados en luchas sectoriales. Pero solamente se llegó al “NO +”, es decir, al momento destituyente. Por lo tanto, tiene sentido que lo finalmente alcanzado fuese una demanda aparentemente maximalista como un proceso constituyente, a pesar de que su contenido sea inespecífico.
Puede afirmarse que se alcanzó el contenido posible dentro de la coyuntura o, en otras palabras, que esta no daba para más. El despliegue de los acontecimientos fue revelando los límites de la coyuntura en cuanto límites del Estado y de los actores involucrados, lo que se cristalizó únicamente en un fuerte cuestionamiento al ordenamiento constitucional y la demanda por una agenda de derechos sociales, todavía parcelada.
Si la clase trabajadora se plegó, aunque sea parcialmente, a los marcos de este Acuerdo, es porque no tenía ni la unidad suficiente como para imponer sus términos ni una agenda política propia para confrontarla a la del bloque en el poder. Ella no se sentó a la mesa. Los partidos que lo firmaron no tenían ningún control ni vinculación directa con el amplio y diverso espectro de masas movilizadas, pero aún así fueron capaces de encauzar su acción política futura, al abrir el proceso de la Convención y al cerrar aún más los límites legales para la protesta. La Convención se transformó así en el escenario principal de la coyuntura, independientemente si se apuesta por estar desde “adentro” o accionar desde “afuera”. Es elocuente que la mayoría de las fuerzas políticas y sociales críticas del Acuerdo han intentado desde entonces mover los márgenes de ese pacto, ya sea por la consigna de desbordar, asediar, correr los cercos de la Convención, pero siempre en función de esta misma.
Queda, no obstante, un tremendo y masivo aprendizaje de lucha que incluye autodefensa, articulación, discusión política y organización territorial. El desafío de articular a la clase sigue siendo una necesidad y el proceso de fragmentación que se vive hoy en día es una de las tendencias más nocivas para sus intereses. Para ciertos sectores de la clase trabajadora, el fracaso del proyecto del FA le dio una oportunidad a Chile Digno, pero de no haber existido la posibilidad de este proyecto, bien podría haber sido el turno de la extrema derecha que aguarda para su momento de oportunidad. La necesidad de un proyecto anticapitalista que entre a disputar ese espacio de oportunidad y ser polo de atracción de un bloque transformador es más patente que nunca, así como la de una acción política independiente de la clase trabajadora; para que no se sienten más a la mesa para decidir por ella.
Notas
[1]https://www.latercera.com/pulso/noticia/la-deuda-los-hogares-chilenos-no-subir-alcanza-nuevo-maximo-historico/620501/
[2] Como muestran las constantes declaraciones de la CPC entre el 18 de octubre y el 12 de noviembre: http://www.cpc.cl/alfonso-swett-tras-reunion-especial-del-comite-ejecutivo-de-la-cpc-lo-que-hemos-visto-es-un-llamado-a-hacernos-cargo-a-construir-la-seguridad-social-el-orden-publico-la-paz-social/ https://www.elmostrador.cl/destacado/2019/10/23/presidente-de-la-cpc-pide-perdon-a-nombre-de-empresarios-por-haber-escuchado-a-los-trabajadores-con-orejas-chicas/ https://www.elmostrador.cl/destacado/2019/10/29/swett-el-presidente-de-los-empresarios-hay-que-agrandar-nuestras-manos-meterlas-en-el-bolsillo-y-que-duela/
[3] Tomamos como ejemplo el petitorio de la huelga del 12 de noviembre de 2019: https://www.colegiodeprofesores.cl/2019/11/07/huelga-general-12-de-noviembre-aqui-el-instructivo-convocatoria-y-petitorio-del-pueblo-de-chile/ No obstante, las asambleas barriales y los distintos espacios organizados se encontraban discutiendo estos y otros muchos puntos.
[4] Un buen ejemplo de esto es cómo se reemplazó la figura negativa del “encapuchado” por la positiva de la “primera línea” .
[5] Denunciadas, por su parte, por múltiples organismos nacionales e internacionales.
[6] Los vaivenes fueron muchos: primero buscar apoyo de los otros poderes del Estado (judicial, legislativo y las FFAA); buscar apoyo de otros partidos fuera de su propio conglomerado y en tercer lugar de encuentros con organizaciones y movimientos sociales. Hasta ese momento, la posición de los poderes, partidos y organizaciones sociales era reticente a esos llamados. Cualquier acercamiento siquiera al diálogo era una forma de perder capital político ante los ojos de las bases movilizadas.
[7] La destrucción de canales de aguas privadas, de las torres del Tag en las autopistas, el uso libre del transporte público y, en general, los saqueos fueron contando con un respaldo masivo no visto en las décadas anteriores. Incluso la intervención del urbanismo y la reapropiación de espacios públicos.
[8] https://cipstra.cl/2019/balance-huelga-general-12n/
[9] Con la notoria salvedad del Partido Comunista y el Partido Humanista. El caso de Convergencia Social es aparte, puesto que, si bien un diputado firma de manera descolgada, los movimientos internos del partido tiende más bien a validarlo que a sancionar su acción.
[10] Hasta ese momento, el antecedente de movilización que por su masividad y despliegue había sido el más grande de este periodo había sido la Huelga General Feminista del 8 de marzo de ese mismo año. Esto no debería tomarse como coincidencia sino leerse como una continuidad de desarrollo de ese potencial articulador.
[11] Sirva de ejemplo que, tras la confusión que se expresó en las calles el día 15 de noviembre, siguió el rechazo por parte de Unidad Social al Acuerdo y el llamado a una nueva huelga que nunca llegó a concretarse.
[12] Aún cuando pudiese haber algún diálogo con los partidos con representación parlamentaria.
[13] Recordemos que en este momento tenía una intensa agenda política nacional e internacional (mediación en el conflicto de la UE con Brasil, ser país anfitrión de la COP25, de una APEC marcada por la guerra comercial entre China y EEUU, etc.).
[14] Este paquete de leyes hay que leerlo como parte íntegra del Acuerdo. Una parte era por una nueva constitución, la otra era “la paz social”.
[15] https://www.ciperchile.cl/2020/03/11/hacia-la-mexicanizacion-de-las-fuerzas-armadas-chilenas/
[16] Es bueno recordar que en la conformación de este conglomerado estuvieron presentes los debates sobre si jugaría como una “renovación de la elite” o bien como una fuerza antineoliberal: http://revistadefrente.cl/mas-alla-del-frente-amplio/ https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2017/11/29/mas-alla-de-la-obnubilacion-frenteamplista-entre-la-abstencion-el-rejuvenecimiento-de-la-elite-y-la-derrota-de-las-tesis-surdas/ .
Militante de Solidaridad
