Andy Warhol - 1964 - Race Riots El homicidio frustrado del joven Anthony, lanzado al Río Mapocho por un funcionario de Carabineros, es sin duda la noticia de la semana. En pocas horas se convirtió en el principal aprieto político del gobierno, introduciendo una vez más la espina de las violaciones de los Derechos Humanos en el costado de un gobierno negacionista. También ha logrado debilitar aun más la posición del Director General de Carabineros, Mario Rozas. Todo esto vuelve a exigir una mirada profunda a la cuestión policial en Chile, que vaya más allá de la penalización individual de funcionarios “desviados”. La rápida formalizacion y prisión preventiva para el Carabinero agresor no sirve de nada si no se ataca el problema de fondo: la existencia misma de Carabineros de Chile.
En Chile, la policía también está en crisis. La Revuelta de Octubre, que efectivamente abrió un momento particular en nuestra historia, ha corrido definitivamente el velo: pasamos del “Un amigo en tu camino” de los años ‘90, a “Un violador en tu camino” a fines del 2019. El asesinato de Camilo Catrillanca, las violaciones sistemáticas de los derechos fundamentales de las personas que protestan, y la inutilidad de la institución durante toda la pandemia nos muestran que la institución de Carabineros, además de corrupta y asesina, ni siquiera ha sido un aporte para evitar la muerte de más de 13.000 personas, que, como es sabido, pertenecen principalmente a los sectores más precarizados de nuestra sociedad. Dada su historia, no es esperable que Carabineros venga a servir de apoyo a las negligentes medidas sanitarias del Gobierno, pero esta ha sido la imagen que se ha intentado transmitir, a partir de la detención sistemática de personas que incumplen la cuarentena, y que en nada contribuye a la disminución de los contagios, sino todo lo contrario: más de 30.000 personas que han pasado detenidas por los distintos calabozos de las comisarías en este territorio llamado chile, sin respetar distancia social o medidas de higiene básicas, y que finalmente solo redundan en un gasto innecesario de recursos y la desviación de lo que de verdad importa: que la pandemia es una crisis socio-sanitaria, agudizada por condicionantes económicas, y que por lo tanto la solución es un proceso de transformaciones estructurales.
La crisis actual de la policía, que se concentra más fuertemente en Carabineros pero que incluye necesariamente a la policía civil (PDI), es una profundización de lo que se venía viviendo desde mas o menos la fuerte represión contra la revolución pingüina (2006), la muerte de Rodrigo Cisternas (2007), el asesinato de Matías Catrileo (2008), la represión contra el ciclo de movilizaciones estudiantiles entre 2011 y 2015, incluyendo el casi asesinato de Rodrigo Avilés (2015), el “paco-gate” del año 2018, que es el caso más grave de corrupción que se ha tenido en Chile, y el “Caso Huracán”, que destapó todo un montaje y manipulación de evidencia por parte de la institución de Carabineros. Estas situaciones, que son solo las más vistosas, nos demuestran que lo ocurrido desde octubre del 2019 no son “casos aislados”, sino que responden precisamente a la forma en que esta Institución se despliega conforme a su estructura y función respecto del Estado capitalista, racista y patriarcal.
Orden y patria
Según su Misión, Carabineros de Chile existe para “Dar eficacia al derecho, garantizar el orden y la seguridad pública interior, en todo el territorio de la República”, y para ello, “brinda seguridad a la comunidad mediante acciones prioritariamente preventivas, apoyadas por un permanente acercamiento a la comunidad. Privilegia la acción policial eficaz, eficiente, justa y transparente”. Esta misión se cumpliría a través de 7 roles: preventivo, de control del orden público, investigativo, de integración nacional, educativo, de comodidad pública y solidaridad social. Yendo más allá de las defensas corporativas y políticas, más allá de la imagen pública construida en medios y a nivel cultural, es evidente que Carabineros de Chile no cumple esta misión.
En primer lugar, no combate la delincuencia (que no disminuye pese al endurecimiento de las penas, y aumento de facultades entregadas a las policías); claramente no nos defiende de los “malos” (el ultimo caso emblématico es el femicidio de Norma por parte de un funcionario), ni tampoco mantiene el orden social que supuestamente evitará que aumente la precarización (por ejemplo, ante el gremio de camioneros amenazando a toda la población con el desabastecimiento en un contexto de pandemia). Históricamente, y desde su nacimiento, Carabineros nace con una única misión implícita que se despliega en todos sus niveles: reprimir a quienes salen fuera de la norma, con el objetivo de reforzar un orden social que, al ser fundamentalmente injusto, produce constantemente resistencias, desde las formas cotidianas de auto-abastecimiento popular a través de actividades consideradas delictuales (tanto el comercio ambulante como el robo por hambre), hasta la diversidad de formas represivas ante la protesta social y las huelgas laborales. Su misión es ser parte del brazo armado del Estado capitalista y patriarcal. Por otro lado, Carabineros opera como factor de des-integración comunitaria, introduciendo la cuña de la violencia y la imposición de la fuerza ante situaciones que se resuelven mucho mejor a través de la la organización barrial, la vigilancia comunitaria, los grupos de whatsapp, las ollas comunes, etc.
¿Necesitamos realmente a Carabineros?
Dada su aparente inutilidad ante las cuestiones más urgentes de nuestras vidas, cuando vemos que el Concejo Municipal de Santiago aprobó la reparación del Monumento de Carabineros con un presupuesto de 260 millones de pesos, pienso que es muy válido preguntarse ¿Necesitamos gastar ese dinero en eso? ¿Necesitamos gastar dinero en policías?
No lo necesitamos, porque si algo hemos aprendido desde octubre 2019, es que solo el pueblo ayuda al pueblo, y que en comunidad somos capaces de desbordarlo todo. Por lo tanto, también podemos resolver los conflictos de la comunidad de manera integral y solidaria, a través de una sociedad civil fuertemente organizada y empoderada, que sea capaz de comprender la importancia de los cambios estructurales y no resolverlos mediante el castigo individual del sujeto que se sale de la norma, que está más que demostrado que en nada ayuda a evitar la comisión de delitos, porque al final es el mismo capitalismo patriarcal y racista el productor y reproductor del delito y que, para evitar cambios profundos y radicales, se escuda en el castigo, porque castigar es fácil. Pedir y lograr cárcel para un hijo sano del patriarcado da una sensación de justicia y de que será posible seguir con nuestras vidas. Pero lo cierto es que la responsabilización individual no sirve de nada si la estructura que la origina y potencia sigue intacta. Sólo nos hacemos parte del sistema nefasto que queremos terminar y, lo que es peor, lo potenciamos.
De lo ya dicho, podemos establecer algunas características de la institución de Carabineros, que le facilitan la tarea a la hora de reprimir al pueblo organizado: una militarización histórica en constante aumento; uso descontrolado de recursos públicos y una jerarquización brutal que ha llevado a altos niveles de corrupción; total desconexión con las comunidades que dicen defender, gastos desorbitantes en instrumentos de represión, por nombrar algunos. ¿Suena familiar? Las Fuerzas Armadas tienen los mismos vicios, y esto es porque históricamente ha habido una especie de simbiosis entre estas instituciones. Por una parte, las FFAA han sido empleadas para cuestiones de orden público (lo vemos con la salida de los militares a las calles, que mas allá de la fiscalización no entregan ninguna ayuda, como tampoco lo hicieron para el terremoto del 2010) y por otra parte Carabineros de Chile ha adoptado cada vez más un rol represivo y militarizado (lo que vemos desde octubre de 2019 con la compra de armas de muerte cada vez mas refinadas).
Si por todo lo anterior podemos afirmar que no necesitamos a Carabineros, entonces, ¿cuáles son las medidas concretas que nos permitirán su disolución y el reemplazo de sus pocas funciones sociales útiles?
Propuestas para abolir la policía: Desfinanciar, Desmilitarizar y Desmantelar
Primero, es necesario discutir si es posible eliminar las policías de un día para otro, o si debe ser un proceso gradual de redistribución y traslado estratégico de los recursos que apunten a un desfinanciamiento y desmantelamiento progresivo, orientados hacia modelos de seguridad, apoyo y prevención basados en la comunidad. Yo considero que esto último es, por ahora, un camino posible.
En primer lugar, si uno de los problemas es la falta de control social sobre Carabineros, que está desconectado de las comunidades, es necesaria la creación de cuerpos públicos civiles multidisciplinarios para todas las funciones que pueden llevar a cabo civiles no armados, tales como resolución de conflictos comunitarios (peleas vecinales, borracheras, ruidos molestos, violencia intrafamiliar), donde quienes identifiquen y enfrenten los problemas sean las mismas personas que habitan una comunidad. Al mismo tiempo, un control civil de estas funciones volvería superflua la existencia de una capa diferenciada de oficiales cuya jerarquía responde a estructuras sociales autoritarias y redes de poder en el Estado, más que a necesidades sociales o económicas.
Esto a su vez requiere una institución pública con el máximo control posible desde la comunidad, por ejemplo a través de un presupuesto participativo y consejos con participación de los barrios que, por el tipo de conflictos que buscaría resolver, deben estar conformados por trabajadores sociales, psicólogues, educadores, abogadas y abogados, entre otras profesiones con capacidad de resolución de conflictos, y que incluya dirigencias vecinales que puedan ser referentes de participación y auto-cuidado comunitario.
También, y en relación con los altos niveles de corrupción y desviación de recursos fiscales, es fundamental un financiamiento público, transparente y controlado también por la comunidad, y que además, este cuerpo civil esté firmemente arraigado en los estándares más actuales en derechos humanos, interculturalidad, enfoque de género y enfoque de derechos de niñas, niños, niñes y jóvenes. Si en poblaciones, universidades, sindicatos, partidos políticos y movimientos sociales hemos experimentado un proceso creciente de auto-educación en términos de diversidad y disidencia sexual, derechos de personas migrantes, sensibilidad ante formas de opresión que parecen invisibles como las situaciones de discapacidad o la discriminación que experimentan las personas menores de edad, ¿no debiesen ser estos los estándares mínimos para funcionarios y funcionarias públicas cuya misión es hacer cumplir la ley?
Si la militarización de la policía ha permitido los niveles de represión y violencia estatal que se agudiza a partir de la revuelta de octubre, es vital –de vida o muerte– iniciar un proceso permanente de desmilitarización, esto es, cambiar el carácter de fuerza armada por la de fuerza civil, y especialmente eliminar su armamento e instrumental de guerra. Además, hay estudios que dan cuenta de que la militarización aumenta la violencia policial, pues enfoca a las personas desde la ofensiva y confrontación permanente, donde el otro es el enemigo que hay que destruir. Está fuera del alcance de este artículo, pero todo esto debe ir de la mano con cambios similares tanto en la PDI como en FFAA, Gendarmería y el sistema de justicia penal (adulta y juvenil).
El desfinanciamiento de las policías no solo busca evitar que puedan acceder a recursos públicos con los que financiar la corrupción de la oficialidad, sino además permitiría que sus funciones sean reemplazadas y/o absorbidas por otros servicios públicos. ¿Por que no transformar Carabineros en un servicio público, y que deje de ser una Fuerza de Orden armada, esencialmente separada de su comunidad? Una formación técnica e ideológica especializada, un uniforme y una cultura militar, vivienda, salud y pensiones que no tiene el resto de la población, estos y otros rasgos hacen que Carabineros viva en un Chile paralelo, y que no sean propiamente miembros de su comunidad, aunque algunos vivan en los mismos barrios.
El desfinanciamiento se transforma en desmantelamiento cuando se traduce en una reconversión del personal actual a través de un proceso formativo, de manera paralela a la contratación de personas civiles como las que se mencionan en párrafos previos, en miras a construir una fuerza descentralizada, controlada democráticamente, con enfoque de derechos humanos y de género, lógica comunitaria y basada en la contención y no en la represión. ¿Por qué no imaginar un cuidado comunitario y una institución pública para la resolución de conflictos conformada por civiles que puedan identificarse con quienes sirven, precisamente porque son ellos mismos miembros de su comunidad, sin distinciones en su acceso a educación, vivienda, salarios y pensiones?
Todo lo anterior es posible si nos permitimos abandonar la idea de que vigilar y castigar son connaturales a cualquier sociedad, o que van a desparecer de manera espontánea a partir de un proceso revolucionario (hay claros ejemplos históricos de que esto no es así). Al igual que la Revuelta de Octubre abrió un proceso donde se está repensando la Constitución y por tanto el tipo de sociedad que queremos, debemos cuestionarlo todo y especialmente la forma en que solucionamos los conflictos, el gasto de recursos estatales y la represión que vivimos en las calles. El castigo como mecanismo de control social está tan arraigado en nuestra sociedad que lo vemos en nuestras vidas cotidianas, en la crianza de nuestras niñas, niños y niñes, en nuestras relaciones interpersonales. Y mientras sigamos dependiendo y gastando recursos en fuerzas policiales y fuerzas armadas para solucionarlo, no avanzaremos hacia un horizonte donde nuestras vidas importen más que las ganancias, y donde las niñas, jóvenes, mujeres y disidencias podamos caminar seguras por la calle, una condición tan mínima de un buen vivir que parece ridículo que sean necesarios esfuerzos tan grandes para lograrla.
Breve excurso sobre la abolición de la cárcel
Junto a la necesidad vital de abolir la policía, también es necesario terminar con esos centros de aislamiento que sólo reproducen los vicios de nuestra sociedad, llamados cárceles. La cárcel es castigo, es donde van a parar las personas que no caben en nuestra sociedad, la población sobrante del capital, las personas precarizadas y racializadas de la sociedad. Es también una metáfora de nuestra cultura, una forma de relación humana que sin darnos cuenta reproducimos en nuestra cotidianeidad. la aporofobia (fobia y rechazo a la pobreza) nos lleva a justificar su existencia, y el capitalismo patriarcal se alimenta de ese miedo para expandir el control social a través del castigo y el aisalmiento.
También es necesario desmantelar la cárcel, y todo lo referido a Carabineros es aplicable a la cárcel: el cambio progresivo de Gendarmería de Chile, institución tambien en vías de militarización, muy corrupta y desconectada de la sociedad civil. La inclusión de equipos multidisciplinarios que permitan mejorar las condiciones de salud física, mental y social al interior de las cárceles; pero especialmente, la liberación y desocupación progresiva de las cárceles. Este último punto es el más importante pues permitiría también la liberación de recursos para un mejor uso.
Algunas medidas en este sentido son la mejora y extensión de las penas sutitutivas, y también del control y apoyo a las personas que salen de la cárcel; que las personas privadas de libertad puedan ejercer su legítimo derecho a votar; despenalizar ciertos delitos de bagatela (como los hurtos de retail, que representan un 30% de las personas detenidas al año 2016), o legalizar mercados de drogas blandas como la marihuana. Con respecto a esto último, consideremos que al 2016 solo el 12% de las personas privadas de libertad lo está por venta de grandes cantidades de droga y el 77% está preso por venta al menudeo. La mayoría de las personas que venden droga al menudeo son mujeres y jóvenes. Es más, desde que la marihuana volvió a ser considerada una droga dura, se han cuadruplicado la cantidad de personas detenidas por ley 20.000. La abolición de la cárcel no solo tiene que ver con derrumbar sus muros, sino también con eliminar la criminalización legal y la penalización social que operan como correas transmisoras de personas precarizadas, feminizadas y racializadas hacia el encierro. Los primeros pasos de la abolición de la cárcel, entonces, deben ser la modificación de los cuerpos legales que criminalizan la pobreza y la protesta así como la liberación inmediata de personas encarceladas por actividades asociadas a la subsistencia que son consideradas delitos.
Abogada penalista. Activista anticarcelaria. Militante de Solidaridad.
