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Diego Lacazette y Alejandro Carrasco

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Apuntes para una transición ecosocialista

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Es un hecho constatable que, al menos durante la última década, la denominada “cuestión ambiental” en Chile se ha ido posicionando con cada vez más fuerza en los movimientos sociales y en la opinión pública, tanto así que los gobiernos de turno se han visto obligados a referirse constantemente al tema para legitimar su accionar. Contrastando con las dos primeras décadas de transición democrática, en estos últimos años se han visibilizado gran parte de los devastadores impactos ambientales y sociales que han afectado a distintas regiones y localidades a lo largo del país (Aysén, Antofagasta, Biobío, Araucanía, Chiloé, Quintero, entre otras). Sin embargo, el avance en el esclarecimiento de las verdaderas fuentes de dichos impactos y las soluciones de fondo es, por decir lo menos, acotado. ¿Se trata simplemente de la falta de regulación? ¿de la insuficiencia y corrupción de la institucionalidad vigente? ¿del accionar del mercado y del Estado? ¿de la profundización de “políticas extractivistas”?

El presente artículo tiene como objetivo problematizar sobre lo que significa desplegar una política ecosocialista en la práctica, además de presentar algunas propuestas reivindicativas, programáticas y estratégicas. Lo anterior, bajo el marco general de lo que entendemos como “Socialización y gestión pública y democrática de los bienes comunes”. Más que definiciones acabadas, exponemos problemas y posibles soluciones. Pasos urgentes y de largo aliento. En definitiva, intentamos indagar sobre las mediaciones concretas para una transición ecosocialista.

Consideraciones previas sobre el movimiento ambiental y el ecosocialismo como horizonte de totalidad

Algunos de los elementos que permiten demarcar las posiciones del movimiento ambiental son, entre otros, la forma específica en que se asume el problema ambiental, el rol del Estado, y el problema de la democracia. Con el riesgo de falta de profundidad, a grandes rasgos podríamos dar cuenta de dos matrices muy generales dentro de un amplio movimiento ambiental de carácter antineoliberal. Por una parte, un neo-desarrollismo de corte progresista que, si bien pone en cuestión la idea de desarrollo, la legitima como momento en el cual redistribuir las utilidades de los recursos. No se asume que el patrón rentista de la acumulación de capital, permea las formas y orientación que asume un programa político de largo aliento. Por tanto, no queda claro la existencia de momentos de ruptura con dicho patrón económico-social. Otra posición, que, si bien es más diversa teóricamente y en su práctica política, podríamos caracterizarla como un autonomismo localista, quienes apostarían solo por diversas formas de desarrollo local o de pequeña escala, sin asumir ni dialogar conflictivamente con los elementos estructurales que determinan y producen la naturaleza capitalista a nivel nacional (código de aguas, propiedad privada, renta de la tierra, AFPs, etc.). A pesar de existir oposición amplia a nivel nacional, las consecuencias políticas de estas prácticas socioambientales se expresan hegemónicamente a través del localismo, la dispersión y el coyunturalismo, además de estar fuertemente permeadas por la parcelación de las luchas (solo por el medioambiente, pero no por l@s trabajadores u otras demandas que alimentan la matriz productiva como las AFPs, educación, etc.). Por consiguiente, se expresa una imposibilidad de definir conjuntamente elementos mínimos de unidad y acción colectiva concertada.

Asimismo, la falta de profundidad en la comprensión de los procesos y mecanismos económicos, políticos y sociales que explican la cuestión ambiental –muchas veces velada por una cortina de humo estadístico que nunca llega a dar cuenta de lo esencial– no ha permitido que los diversos sectores movilizados o en resistencia puedan debatir a fondo sus perspectivas y, de esta manera, orientar estratégica y tácticamente su acción social y política. Este necesario debate ha sido históricamente hegemonizado, a nivel mundial, por partidos, fundaciones y organizaciones no gubernamentales –organismos que, en algunos casos, se arrogan la representatividad de la sociedad civil con el objeto de validarse como interlocutores en la negociación con empresas e instituciones estatales. Por ende, el ámbito de discusión ha sido notoriamente estrecho, limitándose a las visiones que estas entidades priorizan, en desmedro de otras.

En este sentido, debemos ampliar el marco conflictivo del Ecosocialismo, o de lo que se ha entendido como el campo de la lucha ambiental, el cual no está limitado únicamente a los conflictos de índole energético, minero, forestal, pesquero, etc. Debemos sumar toda una serie de conflictos que tienen su causa estructural en la producción de la naturaleza capitalista: segregación espacial, basurales y contaminación (acústica, atmosférica), urbanización y ciudad (carreteras, viviendas, transporte), en síntesis: los determinantes sociales de la salud entendida de manera integral. Además de la confrontación con los elementos estructurales que han cimentado la reconfiguración territorial a nivel nacional en función de la acumulación incesante de capital.

Es más, creemos que, así como el Feminismo, el Ecosocialismo no se limita a un frente ni a un conflicto. Es más bien un proyecto político amplio que implica un nuevo horizonte civilizatorio. En ese sentido, debe concebirse como una práctica política transversal a los distintos frentes de lucha desarrollados actualmente. De ahí la necesidad de desplegar reivindicaciones y construir embriones programáticos en conjunto[1], y no por mero apoyo o unidad simbólica, sino porque precisamente los resortes histórico-estructurales son comunes, por ende, la superación debe ser un camino conjunto. A continuación exponemos algunas reivindicaciones y propuestas, inscritas dentro de un marco general desde el cual desplegar una actividad política ecosocialista.

“Socialización y gestión pública y democrática de los bienes comunes”

¿Dónde yace la potencialidad para la emergencia y desarrollo de una naturaleza ecosocialista? Al contrario de lo que se pudiera pensar, para nosotros, esta pregunta no tiene que ver con cuáles son los modelos alternativos que podríamos enumerar en abstracto,[2] desde nuestras buenas intenciones o nuestras teorías, sino que más bien nos referimos a en qué dirección concreta debe desarrollarse la situación actual para encaminarse efectivamente hacia una transición ecosocialista. Es importante comprender desde un comienzo que dicha transición no será un proceso en paralelo, por fuera o en abstracción del actual metabolismo ser humano-naturaleza regido por la acumulación del capital. No emana de la negación “moral” absoluta de la acumulación capitalista, sino que de las propias contradicciones del proceso de acumulación, las que se expresan en la lucha del pueblo trabajador por personificar el proceso de su superación, tomando las riendas de éste y reconduciéndolo hacia la “reconstitución sistemática” del metabolismo socio-natural como una “ley reguladora de la producción social”.[3] De lo que se trata, entonces, es de la transformación de la actual organización autónoma del metabolismo social regida por el capital, en un proceso de metabolismo conscientemente organizado por la sociedad humana. Si el socialismo clásico se definía como la gestión colectiva y consciente de la producción y reproducción de la vida, el ecosocialismo se define como la gestión colectiva y consciente del espacio vital de la naturaleza humana y no-humana, es decir, de los así llamados “bienes comunes”. En suma, apuntamos hacia una nueva relación no destructiva entre el cuerpo, la sociedad y la naturaleza. ¿Cuáles son algunas de las medidas concretas que nos pueden encaminar hacia este horizonte?

  1. Reorientación pública y de carácter social y ambiental de los sectores estratégicos (Sanitarias, generadoras, transmisoras y distribuidoras de energía)

Proponemos dos reivindicaciones urgentes, para encaminarnos hacia una reorientación pública y social de los sectores estratégicos. El carácter “estratégico” que les concede el Estado a estas empresas transnacionales sólo se traduce en la prohibición de huelga, debilitando la capacidad de los trabajadores para contrapesar el poder de las transnacionales. Por ende, una reivindicación de carácter urgente debería ser, el restablecimiento del derecho a huelga.

En segundo lugar, planteamos la necesidad de bloquear todas las formas legales que permiten lucrar. Por ejemplo, las empresas del sector energético, mediante la gran farsa de la crisis energética, emprendieron el despliegue de una serie de proyectos que les permitieran aumentar su capacidad productiva con el único fin de exportar energía hacia el extranjero. Por su parte, tal como profundizamos en otro artículo[4], el Decreto con Fuerza de Ley N°70, promulgado en plena dictadura cívico-militar y destinado a promover e incentivar el ingreso de capitales privados, garantiza para las sanitarias un 7% de ganancias mínimas. En 2013, las utilidades de las 25 sanitarias más grandes del país fueron $261.000 millones, siete veces más que las obtenidas por las ISAPRES el mismo año.

  1. Reestructuración de los servicios públicos de evaluación y fiscalización ambiental (SEIA, SMA, SISS)

El 28 junio el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad aprobó el proyecto de ley para la modificación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Marcela Cubillos, en ese entonces Ministra de Medio Ambiente, lo tildó como un instrumento que protegerá el medio ambiente. En la siguiente tabla[5] se explica sintéticamente lo que significaría la implementación de dicho proyecto.

 

Normativa ambiental vigente Normativa ambiental propuesta
Él SEIA es administrado por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Él SEA tiene oficinas en cada capital regional, donde se evalúan los proyectos, junto con los otros organismos del Estado con competencia ambiental, desde el conocimiento regional y además permite un “espacio de consulta y diálogo con las comunidades afectadas”. 1.       Las direcciones regionales del SEA son remplazadas por tres grandes Direcciones Macrozonales ubicadas en Antofagasta, Santiago y Valdivia.  De esta forma, cada oficina Macrozonal se hace cargo de la evaluación de proyectos, desde el escritorio, alejando completamente a la misma del territorio donde se ejecutarán las obras.

2.       Se eliminará la evaluación de los Gobiernos Regionales.

Comisión de Evaluación: Al finalizar el proceso de evaluación, él SEA realiza una comisión de evaluación que decide si aprobar o rechazar el proyecto. Es la instancia que finalmente decide. Esta Comisión está presidida por el Intendente Regional y conformada por todos los SEREMIS de la región, quienes votan la calificación del proyecto. Se crean Comisiones Macrozonales de Evaluación a cargo de calificar a los proyectos, integradas por funcionarios designados.

Algunos miembros de estas comisiones son el Intendente, el Seremi de Medio Ambiente y dos delegados designados por el presidente de la República, mientras que el director Macrozonal, más un profesional científico y un abogado, serán seleccionados mediante Alta Dirección. Se usa el argumento de la despolitización de la Comisión de evaluación para ocultar una selección a dedo.

Participación Ciudadana: La participación es obligatoria y tiene un plazo de 60 días en los cuales, debe conocerse la intervención que se realizará en su territorio, poder consultar, opinar u observar informadamente y poder reclamar si sus observaciones no fueron respondidas. La Participación Ciudadana dentro del SEIA se acotará a de 60 a 30 días en el EIA. Además, serán sólo observaciones electrónicas.

 

Estas modificaciones apuntan a satisfacer y maximizar las inversiones y las ganancias del empresariado, acelerando el proceso de aprobación de proyectos, y atentando contra la soberanía de las comunidades y localidades afectadas sin importar los impactos sociales y ambientales. Se perfecciona la maquinaria institucional de aprobación de proyectos y la transforma en un simple “Check list”. A Esto se suma la SMA, organismo al que le corresponde de forma exclusiva ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y fiscalización de las Resoluciones de Calificación Ambiental. Lo anterior nos obliga a asumir una perspectiva de confrontación con elementos institucionales que tienen alcance nacional, y por ende la concepción de la lucha local o territorial como un momento, como el primer paso desde el cual ser capaces de conectar reivindicaciones y demandas programáticas con otras organizaciones hermanas. En concreto, la reestructuración implica fundamentalmente:

  • i) Mayor rigurosidad en las fases iniciales de aprobación de proyectos (especialmente en lo que se refiere a la DEA y a las líneas de base)
  • ii) Participación y control democrático de las comunidades afectadas por la intervención extractivista en los procesos de toma de decisión y en las resoluciones de los servicios de evaluación y fiscalización ambiental del Estado
  • iii) Garantizar la voz de los no propietarios, la interlocución tiene que dejar de estar limitada a los propietarios de tierras, derechos de aguas y medios de producción
  • iv) Exclusión total de estos entes públicos de aquellas personas (naturales o jurídicas) con conflictos de interés
  • v) Carácter vinculante de las sanciones para aquellas empresas que incumplan la normativa ambiental.
  1. Reconversión laboral y productiva

Así como la explotación y degradación de los ecosistemas, la precarización laboral es un elemento fundamental en el desarrollo de los diversos proyectos de carácter extractivista y rentista. Contradictoriamente se transforma, a su vez, en una de las formas de cooptar y legitimar estos proyectos por parte de los mismos trabajadores y localidades. Se asume que un determinado proyecto traerá trabajo y desarrollo a una comunidad. Este es el caballito de batalla de las empresas para legitimarse localmente. Por tanto, la disputa por rechazar un proyecto debe asumir al menos, la necesidad de pensar nuevas formas de “desarrollo local”. Una reconversión de la matriz productiva implica entonces, velar por los miles de empleos que dejarían de ofrecerse. Debemos avanzar hacia una reconversión laboral bajo una línea de producción que no presente rasgos extractivistas ni, por supuesto, de precarización laboral. En definitiva, hacerse cargo de dar respuesta a una problemática medianamente evadida por la izquierda: una reconversión laboral y productiva.

  1. Reorientación y transformación de la matriz productiva, sobre todo su dimensión minera y energética.

Creemos que es necesario pensar medidas transicionales que nos permitan definir hacia dónde se proyecta una política de recuperación de los servicios estratégicos. Se proponen tres ejes:

  • i) La generación energética está subordinada a la producción minera, por lo que no es posible detener la sobre-intervención de centrales energéticas sin una regulación y cambio en la política minera del cobre. La principal dinámica que detener entonces, sería la sobreproducción de cobre, causante de la alta demanda de energía. A su vez, los agentes impulsores de esta dinámica son las transnacionales mineras. A ellas hay que aplicar un alto impuesto a la renta diferencial que se apropian producto de que se benefician al poseer los yacimientos de mejor calidad y una capacidad superior de invertir en tecnología, lo que le da una ventaja sobre otros productores.
  • ii) Al mismo tiempo, fortalecer la propiedad de CODELCO y la regulación del precio y masa total de cobre producido por parte del Estado.
  • iii) Impulsar paralelamente una política de expropiación a las grandes empresas energéticas, actualmente en proceso de centralización, en tanto que ningún interés público justifica su actividad desregulada y orientada por el lucro.

Estas medidas de mediano plazo deben acompañarse del fortalecimiento de la capacidad decisional del pueblo trabajador en todos sus niveles, única garantía para que con lo recaudado con la producción del cobre y la expropiación de las empresas energéticas se pueda efectivamente impulsar una política de transición productiva que cambie radicalmente el metabolismo socioambiental basado en el extractivismo y la matriz primario-exportadora.

  1. Pedagogía ecosocialista:

Necesitamos disputar y construir un sentido común con elementos concretos que argumenten:

1) La innegable crisis ambiental a nivel mundial. Una crisis que tiene culpables históricamente constatables: el capitalismo. Por ende, introducir la noción de la “necesidad y urgencia del cambio”: evitar el colapso climático y civilizatorio. Lo anterior tiene relación con afrontar una de las formas mediante las cuales sectores de la izquierda evaden el problema ambiental: creer que las propias contradicciones del capitalismo se encaminarán, mecánicamente, hacia un momento en el cual ya no habrá más formas para apoderarse de la naturaleza y el ser humano, generando un momento de ruptura natural o apocalíptica. Esas lecturas desmovilizan, y desconocen la capacidad histórico-tecnológica del capitalismo para afrontar las crisis y su reestructuración. En términos concretos, no hay límites. El capitalismo puede destruir la naturaleza y el ser humano hasta el infinito. Por tanto, ante la crisis necesitamos organizarnos y dotarnos de una perspectiva.

2) Exponer posibilidades y propuestas alternativas. Ante un escenario de desesperación, necesitamos mostrar un camino. Esto implica una acción pedagógica sobre la posibilidad de otra forma de vivir. Hay que llegar a la iglesia, a los colegios, a las juntas de vecinos. Aquí es cuando la dualidad ecosocialismo o barbarie cobra sentido literal. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Qué necesidades? Profundizar el discurso y los contenidos para que no puedan ser cooptados por sectores dominantes ni ser parte de un acto por arriba[6]. El miedo, la crisis y la inseguridad sobre el futuro, puede traer consigo el fortalecimiento de salidas de carácter reaccionario o fascistas, una tendencia preocupante a nivel global. De esta manera, el despliegue de una pedagogía ecosocialista contiene un componente estratégico: ¿Como enfrentar el proceso de expropiación en el marco de la existencia de clases sociales que no permitirán destrabar sus núcleos de acumulación? Para ello no basta tener claridades programáticas. La pedagogía ecosocialista no es un ejercicio meramente de educación o construcción de una consciencia ambiental. Es más bien el punto de partida para abrir paso a la conformación de un actor colectivo que haga suyas dichas reivindicaciones dotándolas de una perspectiva anticapitalista.

 

NOTAS

[1] http://desborde.cl/index.php/ando-opinando/197-el-sistema-de-reparto-una-alternativa-democratica-y-ecologica-para-el-pueblo-trabajador

[2] Como, por ejemplo, “sustentabilidad”, “economía de recursos”, “decrecimiento”, “post-extractivismo”, “post-desarrollismo”, etc.

[3]  “Con  la  preponderancia  incesantemente  creciente  de  la  población  urbana, acumulada en grandes centros  por la  producción capitalista, ésta  por  una  parte  acumula  la  fuerza  motriz  histórica  de  la sociedad,  y  por  otra  perturba  el  metabolismo  entre  el  hombre  y  la  tierra,  esto  es,  el  retorno  al  suelo  de  aquellos elementos  constitutivos  del  mismo  que  han  sido  consumidos por el  hombre bajo la forma de  alimentos y vestimenta, retorno  que  es  condición  natural  eterna  de  la  fertilidad permanente  del  suelo.  Con  ello  destruye,  al  mismo  tiempo, la  salud  física  de  los  obreros  urbanos  y  la  vida intelectual  de  los  trabajadores  rurales. Pero  a  la  vez,  mediante la  destrucción  de  las  circunstancias  de  ese  metabolismo, circunstancias  surgidas  de  manera  puramente  natural,  la producción  capitalista obliga  a  reconstituirlo  sistemáticamente  como  ley  reguladora  de  la  producción  social  y  bajo una  forma adecuada  al  desarrollo  pleno  del  hombre.” Marx, Karl. El Capital, Tomo I, vol. 2 (México: Siglo XXI), 611-612.

[4] https://www.revistaposiciones.cl/2018/07/12/privatizacion-de-las-sanitarias-lucro-y-el-rol-del-estado-el-caso-de-aguas-andinas/

[5] Síntesis de la tabla presentada en el siguiente articulo: https://resumen.cl/articulos/modificaciones-de-pinera-a-normativas-ambientales-luz-verde-al-mundo-empresarial-retroceso-institucionalidad

[6] El cobre ya no tendría suficiente peso dentro de la economía mundial y, a su vez, se instala el discurso de los autos eléctricos como parte del desarrollo sustentable. Esto que implica relanzar los proyectos de extracción minera y de litio (uso de baterías y centros de carga). Evadiendo el problema central: la industria automotriz.

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