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María Araneda

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Vidas que no importan. Un falso cambio para la protección de la niñez

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Las noticias y el gobierno anuncian el fin del SENAME haciendo como si la promulgación de la ley que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia fuese la solución a todos los problemas históricos y presentes de su protección y cuidado. Pero no es así. El cambio simbólico de nombre para esta nueva institución no cambia en nada las políticas de Estado con respecto al resguardo de los derechos de NNNA (niños, niñas, niñes y adolescentes). Los términos de gestión, los modelos de intervención y la supervisión siguen siendo iguales.

Una de las consignas que más se repitió en la revuelta y que quizás captura el grito de rabia más profundo de quienes pusieron el cuerpo en las calles durante las jornadas de protesta, es el fin del SENAME. ¿Cómo no exigir el fin de una institución cuyo solo nombre nos evoca muerte, abuso y vulneración sistemática? ¿Cómo no exigir el fin de esta institución heredera de la dictadura? El SENAME representa en todo su esplendor las políticas de precarización y violencia institucional heredadas de la dictadura, pero profundizadas por los gobiernos posteriores. Ningún gobierno ha sabido dar una alternativa que responda a la vida de niñas, niños y adolescentes como un problema político.

En las primeras líneas del texto de la ley, se observa cómo uno de los pilares del actual sistema de protección a la niñez -y de la protección social en general de Chile- se mantiene: su carácter subsidiario. El Art. 1 de la ley especifica que los programas que dependan de este nuevo servicio se continuarán rigiendo por la Ley 20.032 que establece el sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de colaboradores del SENAME y su régimen de subvención. Esto es un grave problema en dos niveles. Para empezar, porque se decide continuar delegando la protección de la niñez y adolescencia a privados, sin que el Estado asuma su responsabilidad como principal garante de los derechos de las personas, especialmente de quienes se encuentran en situaciones de mayor adversidad.

En un segundo nivel, deciden igualmente continuar con un sistema de subvenciones, en donde niños, niñas y adolescentes reciben intervenciones en la medida de lo posible, con equipos conformados en la medida de lo posible. ¿Qué quiere decir esto? Que al igual que como funciona el sistema actual, los programas recibirán fondos por cada NNNA que atienden al mes habiendo cumplido el número mínimo de acciones especificadas (que van de 1 a 4) para el modelo de intervención. Entonces cuando en los programas, por diversos motivos, se atiende a menos personas que los cupos disponibles, el programa recibe menos recursos, lo que se traduce en menores salarios para las y los trabajadores, disminución de funcionarios y funcionarias o bien en infraestructuras poco adecuadas para intervenir. Esto genera distorsiones en la gestión que llegan incluso a enlentecer procesos de intervención y retrasar los egresos para continuar percibiendo la subvención por cada NNNA.

Sabiendo que el primer nivel del problema no iba a ser resuelto, menos con el gobierno actual, ¿cuál hubiese sido un avance significativo? Derogar la mencionada Ley que establece el régimen de subvención para el SENAME, y establecer un sistema de financiamiento directo a los programas de intervención, con mecanismos de supervisión y acompañamiento que permitan resguardar una intervención de calidad y un adecuado uso de los fondos entregados. Es decir, que se aseguren los montos necesarios para que, en todo momento, los programas -independiente de la cantidad de personas que atienden- puedan ofrecer un apoyo integral y acorde a sus necesidades. Este financiamiento debe ser suficiente para contar con la infraestructura acorde, con equipos especializados y procesos de formación y acompañamiento continuo de los y las trabajadoras, con mecanismos que regulen sus contrataciones y les ofrezca mayor estabilidad. No hay que olvidar que uno de los sectores más precarizados del Estado son precisamente las y los funcionarios del SENAME y sus colaboradores, quienes en el rol de educadoras/es de trato directo, tutoras/es y monitoras/es perciben las remuneraciones más bajas del sistema. 

Un modelo de financiamiento directo y no de subvención favorece el acceso igualitario sin discriminación para quienes requieran de protección especializada. El modelo actual tiene como consecuencia que niños y niñas acceden a servicios dispares dependiendo de la capacidad desigual de recaudación de fondos de los organismos colaboradores acreditados por SENAME. Esta situación impacta también a las y los trabajadores de proyectos de SENAME, pues sus condiciones laborales en los distintos establecimientos tampoco son equivalentes y en muchos casos tiende a precarizar su trabajo y sus vidas. Un trabajo que está en el centro del cuidado de la vida de muchas y muchos.

Por supuesto, todas estas deficiencias ya vienen con una falencia previa, una falencia por lo general invisible a nuestros ojos, y es que son propias del mundo adulto. Un mundo que cree saber lo que piensan y sienten les NNNA porque todes lo fuimos en algún momento de nuestras vidas. Pero es ese pensamiento justamente el que favorece la generación de polìticas descontextualizadas y poco pertinentes a las generaciones actuales, y que reproducen una lógica de poder y jerarquía entre dos grupos de la población, mayores y menores de edad. Porque, no cabe duda, esta invisibilización no es más que la evidencia de que, en Chile, para quienes no han cumplido los 18 años la noción de sujeto no se aplica y solo lo son cuando se les quiere criminalizar o administrar. Entonces, el desafío que nos plantea esta situación es justamente que pensemos y construyamos con ellas, elles y ellos, reconociendo su capacidad para actuar y decidir.

La vida de niñes y adolescentes nunca ha sido un problema del futuro, aunque no faltan los oportunistas que así lo tratan. Por el contrario, lo que hoy necesitamos en Chile, tal como se ha declarado en el programa feminista de la Huelga del 8M es un sistema de seguridad social integral que contemple a la niñez, la adolescencia, sus familias y comunidades en el derecho a una vida digna, una vida que tal como augura la revuelta, valga la pena ser vivida a toda edad. El problema nunca han sido las, les y los niños, el problema es la política de quienes sostienen a toda costa que hay vidas que no importan.

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