Kathe Kollwitz, The Carmagnole (Dance Around the Guillotine), 1901 Este texto fue publicado originalmente el 6 de febrero del 2018. A raíz de la coyuntura actual, lo volvemos a publicar, reeditado y con una nueva presentación de la autora.
Preámbulo a la republicación de este texto, dos años y medio después.
Este artículo es ya historia antigua si pensamos que fue escrito antes del 8 de marzo de 2018, antes del asesinato de Camilo Catrillanca y, por supuesto, antes de la revuelta desatada el 18 de octubre. Ni siquiera habíamos experimentado aún nuestra primera Huelga General Feminista ni nos habíamos decidido a levantarla. Estábamos en estado de alerta ante el triunfo de Sebastián Piñera, y ante lo que veíamos como el proceso de reorganización de una respuesta abiertamente fascista en nuestro país. Aquí estaban contenidas algunas preguntas, entonces, aún muy embrionarias y algunas reflexiones bastante generales.
Sin embargo, quizás vale la pena volver a revisarlo. En parte porque se trata de reexaminar y contrastar a la luz de los nuevos dolores que hoy experimentamos, la pertinencia de las reflexiones que hemos venido configurando. En parte, también, porque aunque hemos avanzado muchísimo, quizás sea en este mismo terreno en que aún no levantamos las respuestas urgentes. Pienso que hoy, las preguntas contenidas aquí no son ya necesariamente las preguntas a las que nos enfrentamos. Hemos avanzado amplios trechos en estos dos años, tanto que parecen décadas.
En lo que respecta a nuestro abordaje de la violencia patriarcal, uno que pudiera darle su lugar en la reproducción de la vida capitalista en Chile, hoy arriesgamos algunas hipótesis que están articuladas con el trabajo de elaboración e investigación que lleva produciéndose desde el feminismo hace mucho tiempo. Hemos elaborado esas hipótesis teniendo a la vista que la violencia patriarcal que está en el núcleo experiencial de las formas de acción de masas del feminismo parece poner de relieve, especialmente, dos formas de dicha violencia. Por una parte, la violencia sexual. Por otra, la violencia femicida.
Se trata de dos formas de violencia íntimamente arraigadas en lo que se ha llamado “la producción subjetiva”: formas de violencia que tienen por efecto y, luego, por condición, la producción de una cierta relación jerárquica que hoy, a nivel mundial, ha entrado en crisis. La crisis mundial capitalista mostraba sus primeros despuntes en la irrupción e insurgencia feminista, y se revelaba así desde el inicio también como una crisis de las relaciones sexuales y de género que tienen un lugar fundamental en nuestra vida social. Se trata de una crisis de esa relación jerárquica que va produciendo posiciones más o menos estables. Esas posiciones, que habían sido reforzadas políticamente por la respuesta estatal en Chile durante estos años de la administración neoliberal, como han señalado Nelly Richard y Alejandra Castillo, son parte de lo que hoy ya no es posible de reproducir así sin más.
El movimiento feminista contemporáneo, sus formas de acción política, naciendo desde esa posición de víctima han logrado progresivamente tensionar dicha posición, desbordarla. La relación misma que esa violencia patriarcal y disciplinadora busca reproducir continuamente ya no puede darse sin feroces resistencias. El desacato se ha convertido en una actividad social, alojando millones de incontables gestos biográficos de resistencia, que hoy se reúnen en el reconocimiento mutuo en el que descansa la acción política feminista a nivel de masas.
Llevamos ya un par de años de esta forma masiva de acción feminista, y la hemos conducido por recorridos que al momento de escribir este texto eran aún poco más que una quimera. Quizás la pregunta hoy sea entonces, otra. No sólo ya, como se indica al final de este texto, qué es la violencia de género en nuestro país y la acción que la tiene como contenido. Qué es esto que ha abierto una potencia que crece y crece. Sino también otras, marcadas por la recurrencia de estas formas de violencia y el dolor al que nos enfrentan, en medio de una revuelta que hoy el gobierno terrorista intenta sofocar.
Hace unos días supimos del horroroso femicidio y violación de la joven Ámbar en manos del ya femicida Hugo Bustamante. Los detalles han sido mostrados en la prensa para hacer de ellos un espectáculo mediático morboso y revictimizante, un momento más de la profundización de esa violencia que hemos denunciado. La respuesta de nuestra parte no se hace esperar, y en medio de un recrudecimiento de la militarización del Wallmapu, levantamos la Wuñelfe y los pañuelos verdes en un gesto de solidaridad en dos tiempos.
Sabemos que estos eventos, ambos, tienen un lugar fundamental en la forma en que se ha venido desarrollando en nuestro país la lucha de clases. Es claro que se está librando allí una batalla y una disputa de sentido: una, comandada por la derecha, que en la ampliación de la “alerta morada” intenta separar aguas entre las feministas y las luchas de los pueblos; otra, la nuestra, que puja por tejer solidaridades que en su tejido van modificando la textura de nuestra propia experiencia política.
Como feministas salimos a manifestar nuestro dolor profundo, dolor que cierra la garganta, y justo ayer, 10 de agosto, las compañeras que han vuelto a la Plaza de la Dignidad lo dicen claro: estamos en duelo. En un duelo que es así un gesto también doble: el gesto de reconocer la tristeza y la congoja y el gesto de batirnos en una confrontación abierta contra quienes quieren procesar ese dolor para recrudecer la violencia de la sociedad que defienden. Contra la derecha, que sale a vociferar nuevamente pena de muerte y todo tipo de castigos, mientras pide mano dura en el Wallmapu y azuza ataques racistas contra las comunidades.
Sabemos, en parte, el lugar del movimiento feminista en esta lucha en curso. Quedó ampliamente ratificada el pasado 8 y 9 de marzo, en ese cita que nos dimos en las calles y que demostró que la revuelta seguía abierta y que renovaba su ímpetu con la potencia del feminismo. Hoy, en que las circunstancias contextuales han cambiado radicalmente, en que han pasado meses de una gestión criminal en medio de una crisis sanitaria, en que nada volverá a ser lo que fue, nos hemos vuelto a levantar. Hoy tenemos en el centro de nuestro grito la lucha contra la impunidad.
Le llamamos impunidad a lo que experimentamos como impotencia. Decimos: estas condiciones, de limitación de la acción, de cuarentenas forzosas y exposición extrema, de confinamiento, allanan el camino a la impunidad y con eso nombramos “impunidad” no a la ausencia de castigo, sino a nuestra imposibilidad de respuesta, de establecer prácticamente términos de justicia. Pero que esa “impunidad” se afirme así y no se convierta en el reverso por el cual avance efectivamente la política de nuestros enemigos sigue descansando en un mismo desafío: una respuesta a esta experiencia colectiva de dolor e injusticia, que articule un horizonte radical de otra justicia posible.
11 de agosto, 2020
Quienes hemos tenido los ojos y oídos abiertos esta semana hemos recibido el impacto de una de las noticias más horrorosas que (siendo optimistas) conoceremos en nuestra vida. La crueldad inimaginable condensada en el caso de la pequeña Sophia nos ha estremecido y ha llevado a muchos y muchas a hablar, muchas veces sin tiempo para el detenimiento, con respecto a aquello que debiera hacerse.
El caso de Francisco Ríos es quizás el más paradigmático para introducirnos a una discusión que, desde el feminismo, tenemos demasiado pendiente: el abordaje político de la violencia extrema[1]. El clamor popular frente a la ceguera que nos ocasiona esa violencia invoca el poder aniquilador del Estado; desde distintos sectores feministas se ha salido en respuesta a ese clamor, atendiendo este problema en múltiples aristas[2]. Aquí, por tanto, no me interesa agotar este problema o reiterar aquello que ya se ha dicho; me interesa relevar una dimensión del debate sobre la que creo debemos avanzar, puesto que la ofensiva conservadora que se cristaliza en esta coyuntura nos presenta un asunto crucial. No se trata únicamente de un problema de respeto de los derechos humanos, sino de algo aún más peliagudo: los horizontes estratégicos que se ponen en juego en las formas en que aspiramos a dar respuesta a las problemáticas inmediatas de la vida.
El caso de Francisco Ríos ha sido procesado mediáticamente y a través de las redes sociales mediante un debate que puede, fácilmente, prestar una cierta codificación al horror que éste despierta: la pena de muerte. Nuevamente, este tópico recurrente de nuestra vida nacional nos presta auxilio ante la dificultad abismante a la que nos arroja esta violencia. La pena de muerte actúa, en primera instancia, como un modo de dar cierre, mediante una demanda clara y concisa, a la conflictividad abierta por la violencia, que nos plantea irremediablemente la pregunta: ¿Qué se hace en este caso? Y una de las vías por las cuales eso se responde centra su atención en el victimario, identificándolo plenamente, además, con el crimen que ha cometido.
La exigencia de pena de muerte hoy se inscribe en un conjunto de políticas orientadas al aumento del peso de la penalidad en los casos de violencia hacia la infancia. Se ha planteado bajo la forma de una Ley Sophia que ha sido propuesta, acogida y defendida por un arco muy variado de sectores, que van del PS hasta la UDI[3], pero es preciso recordar que dicha demanda no surge de aquellos sectores[4] el apoyo de estos a esa demanda reviste un carácter oportunista puesto que hace eco de una respuesta que en primera instancia se dispersa en lo social, particularmente y con más fuerza en el territorio donde ocurrió el crimen.
Esta demanda por la reposición de la pena de muerte aparece justificada desde varios lugares, por lo que puede observarse tanto en múltiples medios de comunicación como en los contenidos que han circulado al respecto en las redes sociales. Sin embargo, podríamos reconocer a grandes rasgos dos justificaciones. La primera de ellas es que la pena de muerte sería la forma en que se realizaría efectivamente una “defensa de la infancia”: mediante una torcida lógica que acota drásticamente aquello en lo que consiste esa defensa, esta justificación se centra únicamente en los efectos, aberrantes, de algo a lo cual no se atiende (el concurso de circunstancias que lleva a la vulneración radical de las vidas infantiles). ¿Qué infancia se defiende cuando se responde de este modo a la violencia? ¿Qué idea de defensa está contenida ahí? Basta un rápido repaso mental: es esa defensa tras la afrenta. La restitución de un valor perdido. No es la protección, por supuesto, sino actuar a nombre de quien ha sido afrentado “sin poder defenderse”.
Esta perspectiva penalista, en su versión más extrema, no es sin embargo novedosa en la forma de concebir la respuesta a la violencia: se trata de una respuesta de orden moral y moralizante que tiene por objetivo, hacia la población que es su “testigo”, resarcir el espanto frente a la transgresión. Se restituye algo del orden que se tensiona con la violencia que se despliega sobre niñas, niñes, jóvenes, sobre esas vidas frágiles cuyas condiciones, sin embargo, en nada cambian tras el castigo.
La segunda justificación va en la línea de una devaluación radical de la vida de quien ha cometido estos crímenes; bien lo ilustra la forma en que lo abordan los diputados de la UDI que actúan de portavoces organizados de esta demanda: “hay seres humanos que no merecen ser alimentados y encarcelados, porque la maldad y el nulo respeto a la vida no permiten otra opción que la de pagar con su vida los atroces delitos cometidos”[5]. Esta perspectiva se vincula íntimamente con la primera mediante la noción acerca del carácter “permanente” que tendrían los móviles que los impulsan al delito en los agentes de esta violencia: en tanto peligro irremediable y en tanto monstruos inhumanos, esta perspectiva no es sino la afirmación de que es preciso la liquidación de elementos sociales considerados irreformables.
La demanda por la pena de muerte y la sangrienta
competencia por la vida
El punto más notable de la segunda justificación que presentábamos anteriormente a la pena de muerte, es que esta parece plantear que habría un antagonismo entre sostener la vida de quienes han cometido delitos y sostener la vida de quienes no lo han hecho. Una de las muestras de esto se da a través de unas infografías que circulan por redes sociales, y que señalan el costo en dinero de mantener una vida en la cárcel, versus el costo de los “materiales” para acabar con ella; asimismo, señalan la prioridad en la asignación de esos recursos (salud, educación)[6].
Este antagonismo nos muestra de manera muy explícita el marco general en el que se sitúa la violencia que pretende sancionarse: en un contexto de lucha a muerte por la vida, en un territorio donde lo que sustenta esa vida es una actividad empresarial parasitaria y basada en el saqueo permanente de los territorios y las riquezas naturales, donde las formas de enriquecimiento que se articulan en esta máquina están dados por la sobreexplotación del trabajo para exprimir de él lo máximo posible, la clase trabajadora, a fin de poder afirmar su propia existencia, se devora a sí misma.
Este punto no es metafórico. La forma en que se organiza materialmente la vida en nuestro país arroja a una cantidad enorme de personas a la miseria, y esta violencia restitutiva[7] es la forma que toma en una población brutalmente precarizada la lucha encarnizada por la sobrevivencia. No es fuera de este marco que podemos pensar la relación de la clase trabajadora consigo misma, tal y como se expresa en la tramitación de esta coyuntura.
El debate con respecto a la pena de muerte en Chile no es algo que se haya zanjado de una vez y para siempre, ciertamente. Las posiciones que se pusieron en juego al momento de acabar con ella no cesaron de existir una vez abolida esta, y existen de manera latente a nivel social, saliendo a la superficie ante a aquellos conflictos en que esta puede proveer de una respuesta sintomática. Pero debemos tener claro que no es más que eso: una respuesta que provee de satisfacción, a la vez que oculta el conflicto mismo al que responde. Nos exige ciertamente un examen muy profundo el atender dicho conflicto más allá de sus manifestaciones parciales.
Lo cierto y que no se nos puede pasar por alto es que una perspectiva que surja desde el feminismo para dar respuesta a los debates que se abren con casos como este, no pueden tomar partido por ese penalismo inefectivo que favorece el direccionamiento más nocivo posible de la legítima consternación que se produce en la población ante estas atrocidades.
Un marco para actuar sobre la violencia
Los elementos que este caso contribuye a poner de relieve nos interpelan en múltiples niveles. Uno de ellos, que tiene un carácter estratégico, es el esfuerzo que debemos desarrollar a fin de producir una comprensión de la violencia de género que sea capaz de entenderla en el conjunto de la actividad social en la que se sitúa nuestra práctica transformadora. Es decir, que si el movimiento en el que se sitúa nuestra acción es la transformación radical de la forma en que se organiza la producción y reproducción de la vida social, lo que debemos partir por comprender es el lugar que la violencia de género tiene en ese proceso de producción y reproducción de la vida entera.
Una comprensión tal de dicha violencia tiene como uno de los momentos necesarios el poder dar cuenta de qué es el género hoy en nuestro territorio y cómo se produce. Dar cuenta del carácter y naturaleza de la violencia que se da en relación al género, y la forma en que esa violencia participa de la vida social. Comprender el lugar de la “vida afectiva” en ese mismo marco, sin anteponerla a las cosas que ocurren ni aislarla como un campo autónomo de actividad, a fin de superar su comprensión como una “condición previa” de la vida social o bien como un mero “resultado”, indiferente para la acción política revolucionaria.
Se trata de comprender el lugar de las experiencias afectivas para entender qué acción política, operando sobre qué dimensión de nuestra vida social, puede tener un efecto en ella que no se agote en las micro-resistencias, sino que impacte en su curso de manera sostenida y que dispute su movimiento.
Estas preguntas u orientaciones de la reflexión no tienen por objetivo ser una simple divagación teórica. Son un ejercicio necesario para poder desarrollar un segundo punto, imprescindible, si es que el feminismo va a contribuir a la organización de la acción política de la clase trabajadora: el desarrollo programático. No basta, hoy, con que visibilicemos una y otra vez la violencia de género, con que demos respuestas parciales a ella mediante tácticas como la funa, con que nos agotemos de rabia ante cada afrenta, si a nivel general nuestra política no va a poder superar una orientación meramente burocrática. No basta encarar los fracasos de un sistema asistencial y jurídico, cuando su configuración misma actúa de barrera de contención para un sistema penal al que, de facto, se le otorga centralidad a la hora de dar respuesta a la violencia.
La inefectividad de nuestra actividad política al momento de abordar las problemáticas inmediatas que la violencia nos plantea es el terreno fértil para el avance de las posiciones conservadoras y oportunistas, que con ofertas como la de reponer la pena de muerte no hacen sino acentuar el carácter sangriento que la competencia descarnada por la vida le imprime hoy a las relaciones al interior de la clase trabajadora.
Inicialmente los medios locales, a los que luego se sumaron otros, mostraron el historial de violencia de Francisco Ríos y la relación del Estado con dicho historial. Este muestra que son múltiples las ocasiones en que el asesino de Sophia incurrió en actos de violencia extrema, particularmente en el marco de sus relaciones de pareja, y que el Estado, actuando como receptor de esas denuncias, fue persistentemente negligente en su abordaje, como si sus representantes no hubiesen tenido entre sus manos una bomba de tiempo. Esta negligencia es mucho más cercana a la regla que a la excepción en los casos de violencia de género, marco en el que la violencia contra la pequeña Sophia debe comprenderse.
Nuestra acción no debiera tener por horizonte el estrecho propósito de asegurar el cumplimiento de los procedimientos burocráticos que fallaron aquí y que fallan permanentemente; si bien es cierto ese es un momento mínimo que nuestra actividad sí debiera asegurar, de lo que debiéramos dotarnos como objetivo es de acrecentar nuestra capacidad, como clase trabajadora, de dar una respuesta social y cotidiana a la violencia, mediante la producción creciente de los medios e infraestructura que consoliden materialmente el avance del feminismo, y le permitan constituirse como una fuerza efectiva tanto en la respuesta concreta a las problemáticas de la vida, como en la forma de realización de lazos de solidaridad al interior de la misma clase.
Hoy esto puede parecer una afirmación demasiado general; pero es la actividad concreta que el movimiento feminista está desarrollando la que sitúa el marco de posibilidad efectivo para que este horizonte pueda ir tomando cuerpo[9]. La articulación de las diversas iniciativas que han nacido al interior del pueblo para enfrentar la violencia de género en sus distintas formas; el acrecentamiento de las filas del feminismo y por ende de su capacidad material de abordar diversas áreas de conflictividad de la vida cotidiana; el desarrollo de una línea feminista al interior de organizaciones consolidadas de la clase trabajadora; todos estos son los recursos cuya coordinación política debe darse en función del desarrollo programático hoy incipiente.
Los ejercicios puntuales de articulación que se están gestando, en un plano de recomposición de las fuerzas feministas luego de un año de auge, nos darán una muestra de esta capacidad y una cierta visualización de la posibilidad de llevar a cabo estas tareas. Hacerlo reviste un carácter de urgencia. Un pueblo que se violenta permanentemente a sí mismo para mantener sus formas precarias de reproducción, tanto sea a través de la violencia de género como a través de las demandas por el aumento de la penalización o, lisa y llanamente, la liquidación de sus elementos problemáticos, es un pueblo que reafirma la competencia interna que le deja en el peor pie de lucha para enfrentar los embates de la burguesía que hoy comienza a mostrar, como era de esperar, su cara mortífera y el tono sombrío que pesa sobre nuestros futuros tiempos mejores.
Un breve desvío sobre el clivaje venganza/justicia
Entre quienes han tomado una necesaria distancia crítica con respecto a la demanda de la pena de muerte, ha circulado de manera bastante consistente la noción según la cual esa demanda sería “una mera venganza” en oposición a una límpida Justicia con mayúscula que se le opondría como baluarte de la racionalidad y los derechos humanos. Lamentablemente, esta oposición es difícil de sostener, no sólo porque a la base de la justicia podemos hallar la venganza en su tramitación Estatal, que para variar lo que hace es establecer, con el nivel de fijeza que le es propio, equivalencias: en este caso, equivalencias entre una determinada actividad imputada como individual y una determinada actividad (de respuesta) imputada como social. Es difícil de sostener también porque lo que esa demanda muestra es el vínculo interno, que permanentemente habilita cursos de retroalimentación, entre la vida afectiva de las masas y la actividad del Estado como instancia que aparece como estando “por sobre” esa vida y operando con respecto a ella. La demanda por la restitución de la pena de muerte no es el intento de la venganza de “colarse” nuevamente en la Justicia, sino quizá la visibilización más brutal de que la justicia penal, la actividad penal de un Estado y un sistema carcelario como el que conocemos, indudablemente se nutre de la legitimación que su relación con dicha venganza le ha provisto desde tiempos inmemoriales.
[1] Sin duda existen amplios y extensos abordajes históricos contenidos en el activismo de décadas de organizaciones, como aquellas agrupadas en la Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres y que han sentado las bases de nuestro entendimiento de esa violencia, partiendo por la noción misma de femicidio que han trabajado por instalar como un mínimo. Con este pendiente me refiero más bien a la forma de conducir políticamente, en el marco de la disputa coyuntural que hoy nuevamente está en curso, una alternativa de organización general de la justicia y de la vida que nos permita responder profundamente a la crisis que hoy vivimos.
Bárbara Brito, Pan y Rosas: http://www.laizquierdadiario.cl/Sobre-la-pena-capital-o-la-apologia-al-verdugo
Sofía Brito, Izquierda Autónoma: https://antigonafeminista.wordpress.com/debate-sobre-la-pena-de-muerte-el-dolor-utilizado-como-via-de-procesamiento-de-las-luchas-feministas/
Frente feminista La Trenza: https://www.facebook.com/notes/frente-feminista-la-trenza/debate-sobre-ley-sophia-y-pena-de-muerte-necesitamos-una-nueva-justicia-una-que-/402066423550511/
[3] Véase http://www.latercera.com/nacional/noticia/ley-sophia-jueza-puerto-montt-dice-se-puede-restituir-la-pena-muerte/54459/
[Y hoy, en 2020, fundamentalmente de manera organizada por agrupaciones fascistas como el Movimiento Social Patriota.]
[4] Véase http://www.elmostrador.cl/braga/2018/01/30/ley-sophia-la-ciudadania-se-horroriza-y-exige-pena-de-muerte-para-asesinato-de-bebe/
[5] Véase
http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/diputados-udi-piden-a-pinera-un-plebiscito-sobre-pena-de-muerte/20180204/nota/3706446.aspx
[6] Hoy, esas infografías están firmadas. Adivinemos por quién.
[7] Esta violencia que se viste de “defensa”, violencia “ex pos”, violencia del castigo.
[9] Hoy debiéramos revisar si esto se desarrolló efectivamente así. Tiendo a pensar que, en gran medida y pese a las enormes dificultades de las circunstancias presentes, sí lo ha hecho.
Convencional Constituyente por el Distrito 12 en representación de la Coordinadora Feminista 8M y la Asamblea de Organizaciones del D12. Participante del Grupo de Estudios Feministas (GEF).
