Hace alrededor de una década se inició en Chile una irrupción ascendente de la conflictividad social. Los movimientos sociales comienzan a hacerse presentes con la capacidad de imponer agendas que el modelo -por motivos estructurales- no puede conceder. Los ciclos de movilización social, incluidos sus reflujos, han ido escalando en su diversidad y capacidad de acción directa de masas. Este proceso no emerge de la nada.
La derrota de la rebelión popular -simbolizada en el hito del plebiscito del “No”- terminó de descomponer a las fuerzas políticas y sociales del pueblo trabajador, cuya resistencia se había extendido durante los diecisiete años de tiranía. Mientras el Partido Comunista sufría un profundo aislamiento electoral, el resto de fuerzas políticas formaban una diáspora de pequeños agrupamientos. Nuestro pueblo apático y aún temeroso, logró resistir los primeros años de su fracaso en pequeñas expresiones políticas y sociales que son antecedente ineludible de lo que vendría.
En el lento resurgir de los movimientos sociales y desde el inicio de ellos, una parte de la izquierda optó por hacerse parte de los procesos electorales. Con resultados “testimoniales” que, evocando al pasado, no pudieron constituir un acuerdo electoral duradero y con proyecciones políticas de futuro. Así, el Partido Comunista fue retornando a su estrategia histórica de acercamiento a la Democracia Cristiana, cerrando todavía más las posibilidades concretas de una lucha electoral ceñida a las necesidades y demandas del pueblo.
Las distintas experiencias de lucha de masas, sumadas al ingreso de nuevas generaciones, desbordaron las claridades u orientaciones que podía entregar la diáspora de organizaciones políticas. Este auge del movimiento social fue constituyendo la caótica constelación de actores sociales y políticos que hoy existen. Se fueron desarrollando experiencias sindicales, territoriales, poblacionales, feministas y socioambientales, pero fue el movimiento estudiantil quién adoptó un rol de vanguardia social. Esto debido a su capacidad de generar transversalidad en su causa, abriendo además el escenario para que diversas agrupaciones políticas fueran constituyéndose en base a ese actor social.
Una vez que el conflicto estudiantil llega a su cima el año 2011, su constitución política y orgánica le permite a una parte de la izquierda, comenzar su camino de consolidación. A la par el Partido Comunista, por su rol en la oposición al periodo presidencial de Sebastián Piñera, amarra su ingreso a la Concertación, lo que le permite ser gobierno y aumentar su dotación de tres parlamentarios a seis. Por otro lado, dos organizaciones políticas procedentes del mundo estudiantil, logran ingresar a la Cámara Baja con la elección de Gabriel Boric y Giorgio Jackson. Éste último, proveniente de Revolución Democrática, lo logra a través de un pacto por omisión y una “colaboración crítica” con el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Otras fuerzas políticas con arraigo en la escena estudiantil, el mundo poblacional y en menor medida, los espacios sindicales, crecen y construyen variados instrumentos políticos nacionales. Este proceso le permitió una parte del proyecto político libertario, avanzar en sus claridades estratégicas integrando el “componente” electoral el año 2013, iniciando la construcción de una organización política pública en base a la Organización Comunista Libertaria y al Frente de Estudiantes Libertarios, durante el año 2015.
En estos años de “juventud” de las organizaciones políticas “consolidadas”, nos enfrentamos a un contexto de deterioro de la legitimidad del régimen, además del (re)surgimiento de nuevos actores sociales y una sobreexigencia en términos electorales. Este dinamismo ha convulsionado a dichas fuerzas políticas generando agotamiento, aislamiento o polarización. El año 2016, primer año electoral en lo que va del proceso antes descrito, abrió la oportunidad para que en Valparaíso distintas fuerzas políticas -a través de una plataforma ciudadana- alcanzaran el control del municipio. Si bien la candidatura de Leopoldo Méndez dispuesta por la Nueva Mayoría, fue un factor esencial para dicho triunfo, se construyó la convicción y orgánica suficiente para asumir el 2017 con un conglomerado único. Año que además tiene la particularidad de tener una elección parlamentaria sin binominal y al gobierno fraccionado en dos candidaturas.
En términos históricos el Frente Amplio (FA) puede ser entendido como el decante político-orgánico -en el plano electoral- de estos años de reapertura de la movilización social. En este escenario, los resultados permitirán vislumbrar la acumulación política y social de este periodo, el que por cierto, desborda al conglomerado. Y justamente en ese sentido, es que esta oportunidad no está exenta de las dificultades desde las que nos erigimos y, que hemos venido manteniendo en el andar. En el FA coexisten expresiones políticas que representan distintos intereses, en función de su composición social, trayectoria, claridades e inconsistencias. No todas las fuerzas son resultado de las movilizaciones de los últimos años, algunas representan identidades humanistas, progresistas, ecologistas y liberales. No obstante, su amplitud y unidad tiene por fundamento un programa antineoliberal y la independencia a los grandes grupos económicos.
La coyuntura electoral presenta la oportunidad de instalar un discurso contrahegemónico, disputar el gobierno y constituir una bancada parlamentaria al servicio del movimiento social. Otorgar condiciones de posibilidad a lo anterior, requiere de un programa que enfrente al neoliberalismo y que genere una apertura en el electorado. Teniendo plena conciencia de las dificultades que implica convocar electoralmente al descontento de las mayorías populares, nuestra apuesta se levanta en desafío que implica generar dicho escenario.
La conflictividad social no ha “tocado techo”, todo lo contrario, va en aumento en su magnitud y diversidad. Sumado a lo anterior, la descomposición acelerada del bloque histórico en el poder, condensa la polarización. La irrupción de masas, hace un poco más de un año, liderada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores “NO+AFP”, se ha desarrollado en el marco de dos años electorales, rompiendo la tendencia de declive del movimiento social en este tipo de coyunturas.
La profunda divergencia entre la participación electoral y la lucha social -mientras una baja, la otra sube- radica principalmente en la desestimación de generar transformaciones relevantes a través del gobierno o el parlamento. Según la Encuesta de Desarrollo Humano del PNUD (2013), sólo el 12% considera que las elecciones libres son la característica esencial de una sociedad verdaderamente democrática, mientras que el anhelo de justicia social representa al 44%. Desde esta mirada se podría plantear que existen mejores condiciones objetivas para las fuerzas políticas con vocación revolucionaria o para la izquierda en general, pero aún somos incapaces de respirar al ritmo de nuestro pueblo.
Estamos viviendo una aceleración de los tiempos políticos en donde la posibilidad de la emergencia política del pueblo trabajador, no se juega en las coordenadas de lo táctico, sino en cómo se abrirá camino en el escenario de crisis de legitimidad del régimen. Los ciclos de movilización social -aunque divergentes de lo electoral- están lejos de agotarse, siendo fundamental que las fuerzas políticas revolucionarias generemos una reflexión colectiva e integral.
Nosotros no vamos a elecciones porque creamos que allí reside la soberanía del pueblo. Todo lo contrario. La soberanía de nuestro pueblo se encuentra prisionera hace quinientos años por los mezquinos intereses de los Estados del norte, capitales transnacionales y nuestra oligarquía sirviente. Una estrategia política es revolucionaria en tanto se plantea con honestidad el problema del poder. Situarnos en nuestra realidad implica que reconozcamos la correlación desfavorable que nos soporta, por tanto, que busquemos formas para el cambio de estas condiciones.
Ante la imposibilidad de la reforma estructural del modelo a través de la legalidad vigente, se vuelve central para el periodo la constitución de un movimiento político y social que permita una ruptura democrática de la institucionalidad pinochetista a través de una Asamblea Constituyente. La captura electoral del gobierno debe estar acompañada de un desborde institucional, es decir, de una movilización de masas que dé factibilidad a la apertura de un nuevo periodo histórico.
Encargado Político del Movimiento Político SOL (Socialismo y Libertad)
